Tribunal Supremo revoca libertad condicional a opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer



Felix Navarro y Jose Daniel Ferrer © CiberCuba
Felix Navarro y Jose Daniel Ferrer Foto © CiberCuba

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Este artículo es de hace 1 año

En un nuevo episodio de represión, el régimen cubano revocó la libertad condicional de los reconocidos opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer, bajo argumentos legales que encubren motivaciones políticas.

Félix Navarro, de 72 años y exprisionero del Grupo de los 75, fue acusado de salir sin permiso de su municipio en siete ocasiones, violando así supuestas restricciones impuestas tras su excarcelación condicional, informó el portal oficialista Razones de Cuba.

Pese a su avanzada edad y a la fragilidad de su salud, el régimen lo devuelve a prisión, alegando formalidades jurídicas.

"Este ciudadano fue citado para la comparecencia inicial el 29 de enero de 2025, en la que se le dio a conocer su situación legal, los derechos, obligaciones, garantías, y la prohibición de salir del municipio donde reside sin la autorización del tribunal. Sin embargo, en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución del Tribunal Municipal Popular de Perico", señala la nota oficial.

Por su parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), también ha sido retornado a prisión por no presentarse ante un juez tras ser liberado en enero.

"El 16 de enero de este año 2025 se le concedió el beneficio de excarcelación anticipada. En la resolución se estableció que debía comparecer ante el juez de ejecución del municipio en el que reside el 28 de enero (Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba), al que no asistió. Fue nuevamente citado para el 7 de febrero, llamado al que tampoco acudió. No sólo no se presentó, si no que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", subraya el régimen.

La causa alegada —"privación ilegal de libertad" y "lesiones"— es ampliamente cuestionada por observadores internacionales que denuncian procesos sin garantías judiciales.

Especialmente, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reconociera en X que las revocaciones eran un acto de "defensa" del gobierno:

"¿Tiene Cuba el derecho de protegerse de la agresión de Estados Unidos, de oponerse a que el principal diplomático estadounidense en La Habana sea un activista que alienta a los cubanos a actuar contra su país, de hacer cumplir las leyes contra quienes actúan como agentes de una potencia extranjera hostil? Esa es la cuestión.", publicó el vicecanciller Carlos F. de Cossio.

Ferrer había expresado en redes sociales su negativa a participar en un proceso judicial que considera ilegítimo.

Ambos opositores son voces históricas del movimiento prodemocrático cubano y han denunciado reiteradamente la falta de libertades, el autoritarismo y la miseria estructural en la isla. 

La decisión, anunciada por el Tribunal Supremo Popular, evidencia una vez más el uso del sistema judicial cubano como herramienta de persecución contra quienes disienten del poder.

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