Nuevos detalles han salido a la luz sobre el asalto perpetrado contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba, en medio de una nueva ola represiva contra activistas opositores al régimen cubano.
En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias, el hermano del líder opositor José Daniel Ferrer, Luis Enrique Ferrer García, denunció que "la dictadura asaltó la casa como si estuviera capturando a un terrorista internacional", utilizando fuerzas combinadas de la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros cuerpos represivos.
Según su testimonio, todos los activistas presentes en la sede fueron arrestados, y las autoridades confiscaron alimentos y otros recursos destinados a ayudar a cientos de personas necesitadas en la ciudad.
El familiar de Ferrer explicó que la ofensiva contra el líder opositor no comenzó con el asalto, sino desde que fue excarcelado. Desde entonces, aseguró, el gobierno inició una campaña de descrédito a través de agentes en redes sociales, YouTube y medios oficiales como el periódico Granma, órgano del Partido Comunista. Esta campaña, basada en "mentiras y odio visceral", buscó primero desacreditar a José Daniel Ferrer para luego justificar las acciones represivas.
El asalto a la sede de UNPACU fue precedido por arrestos, amenazas y detenciones de personas que intentaban acercarse al lugar. Finalmente, las fuerzas del régimen ejecutaron el asalto violento en el que capturaron a Ferrer, un líder reconocido por su trayectoria pacífica en la lucha por la libertad de Cuba y su labor humanitaria alimentando a personas en situación crítica con apoyo de familiares, amigos y miembros del exilio.
En Santiago de Cuba, se comenta que las autoridades podrían revocarle la sanción a Ferrer y trasladarlo nuevamente a prisión. El opositor, quien acumula más de 12 años de prisión política en tres condenas largas y múltiples detenciones, ha sido víctima documentada de torturas físicas y psicológicas, así como de prolongados periodos de aislamiento.
La sede de UNPACU no solo servía como centro de actividades opositoras, sino también como punto de distribución de alimentos y ayuda humanitaria para familias necesitadas en Santiago de Cuba, en un contexto de grave crisis social y alimentaria. "José Daniel estaba alimentando a cientos de personas que están literalmente muriendo de hambre, y que la dictadura ignora por completo", enfatizó.
Organizaciones de derechos humanos y miembros de la oposición han llamado a la solidaridad con José Daniel Ferrer y con todos los detenidos, exigiendo su liberación inmediata y reiterando el reclamo de libertad para todos los presos políticos y para el pueblo cubano.
Revocación de la libertad condicional
El régimen cubano revocó oficialmente la libertad condicional de José Daniel Ferrer, otorgada apenas tres meses atrás como parte de un acuerdo negociado entre el Vaticano y Estados Unidos.
Según explicó la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, Ferrer habría incumplido supuestamente las condiciones de su excarcelación al no asistir a dos audiencias judiciales obligatorias.
La detención ocurrió durante el asalto a la sede de UNPACU en el reparto Altamira. Además de Ferrer, fueron arrestados su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, su hijo menor Daniel José, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant, todos llevados a paradero desconocido.
Su hermana, Ana Belkis Ferrer, denunció el saqueo total de la vivienda y lanzó un llamado urgente a la solidaridad internacional. "¡Miserables y cobardes tiranos criminales! Exigimos su inmediata libertad y la de todos los detenidos y presos políticos", escribió en la cuenta de X (antes Twitter) de su hermano, bajo la etiqueta #SOSCuba.
Represión y labor humanitaria
Tras su excarcelación temporal, José Daniel Ferrer intensificó su labor humanitaria, distribuyendo alimentos y medicamentos a cientos de personas en situación de extrema vulnerabilidad en Santiago de Cuba.
Esa actividad social, que gozó de amplio respaldo popular, se convirtió en un nuevo motivo de represión por parte del régimen, que vigiló, hostigó y finalmente desmanteló las operaciones de ayuda.
El prestigio de Ferrer como líder opositor y su trabajo humanitario pusieron en alerta al sistema represivo, que busca ahora, según denuncias locales, encarcelarlo de nuevo en condiciones similares a las que sufrió en el pasado: aislamiento extremo, torturas físicas y psicológicas.
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