El régimen cubano oficializó una norma jurídica que regula la atención a personas con “conducta deambulante”, un eufemismo estatal para referirse a quienes mendigan, viven en las calles o no tienen respaldo familiar.
Se trata del Acuerdo 10056/2025 del Consejo de Ministros publicado en la Gaceta Oficial, y ya en vigor desde el 28 de abril, el cual define este fenómeno como “un trastorno del comportamiento humano multicausal” que implica “la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, carencia de autocuidado y autonomía económica, de atención o amparo familiar, así como de un proyecto de vida favorable”.
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La normativa pauta “el actuar con aquellos que, sin tener asociada una discapacidad intelectual o mental, se niegan al trabajo profiláctico”, según afirmó Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al periódico oficial Granma.
El enfoque del régimen cubano evita hablar abiertamente de pobreza extrema o indigencia, utilizando eufemismos que diluyen la gravedad del problema y su origen estructural.
¿Cómo se estructura la atención?
Pese a tratarse de un fenómeno social complejo, el control de los “deambulantes” queda en manos del poder local, instruye la norma jurídica aprobada recientemente por el gobierno.
El gobernador provincial es el encargado de coordinar el sistema, mientras que el intendente municipal será quien constituya y lidere equipos multidisciplinarios, a fin de clasificar los casos y definir estrategias de atención, reinserción y seguimiento.
Los grupos estarán integrados por trabajadores sociales, personal de Salud Pública y la Policía. Cuando se trata de menores de edad, se suman funcionarios de Educación, oficiales de la dirección de menores del Ministerio del Interior y, si la naturaleza del asunto lo requiere, representantes de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Popular en el municipio.
Estos grupos tendrán a su cargo “la evaluación, clasificación y diseño de las estrategias de solución sostenible en la atención a las personas con conducta deambulante, garantizar la reinserción al núcleo familiar, y el control y seguimiento de… aquellas personas que deambulan en territorios que no son los de su origen y, por tanto, se hace necesario devolverlos a su lugar de residencia”, alegó Delgado.
El enfoque es claro: contención y “retorno” a sus territorios de origen, sin garantías de reintegración real ni respeto a la voluntad de los involucrados.
Centros de Protección: encierro temporal, sin soluciones estructurales
De acuerdo con la funcionaria del MTSS, los Centros de Protección Social son la institución para la atención integral a las personas que “por diversas causas económicas y sociales, se encuentran sin domicilio fijo, en estado de abandono o carecen de familiares en condiciones de prestarles ayuda, con una convivencia voluntaria a corto plazo de hasta 90 días”.
Hasta la fecha existen nueve instituciones de este tipo en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, y se evaluará la creación en las provincias que aún no tienen.
Delgado advirtió que “no se trata de tener a una persona indefinidamente en estos centros, sino de buscar facilidades que les permitan reinsertarse al medio al que pertenecen”. En el caso de los adultos mayores, dijo, “se pueden ubicar en hogares de ancianos, si así fuera necesario, por no contar con la ayuda y el apoyo de la familia”.
Para las personas de menos de 60 años mencionó la promoción de acciones para la inserción laboral y social, contribuir a la rehabilitación de posibles adicciones a las drogas o el alcohol, y atención y evaluación integral por parte del personal de Salud.
Además, los gobernadores son responsables “de la asignación de facilidades temporales, un hogar de tránsito, la entrega de viviendas y la aprobación de subsidios para la reparación y construcción de viviendas, de estas personas deambulantes”, según la normativa.
Aunque el discurso oficial habla de reinserción, atención médica y tratamiento de adicciones no se aportan cifras sobre cuántas personas han sido realmente beneficiadas, reinsertadas o si estas instalaciones ofrecen condiciones mínimas de vida.
Protocolo para identificar, clasificar y reportar
El Estado cubano también oficializó el protocolo de identificación de personas con conducta deambulante “o propensas por el grado de desatención familiar que presentan” en las comunidades, grupos y familias de riesgo, a cargo de trabajadores sociales, los médicos y enfermeras de los consultorios de la familia.
Si se detectaran menores de edad en esta situación, “se debe comunicar de manera urgente a la instancia que corresponda del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud Pública, para que garanticen de inmediato su acogida en uno de los centros de asistencia social dedicado a estos fines; siempre que no exista algún familiar o persona afectivamente cercana que pueda hacerse cargo; y da cuenta a la Fiscalía, mientras se realizan las investigaciones pertinentes o se adopta otra medida de protección para determinar si existe un incumplimiento de la responsabilidad parental”, señaló Delgado.
En la práctica, se trata de una política de vigilancia y control social disfrazada de asistencia. No hay mecanismos independientes de supervisión, ni se garantiza la participación voluntaria de los afectados. Tampoco se mencionan derechos, solo deberes y disciplina.
Ocultar a los pobres sin erradicar la pobreza
La medida no aborda con claridad cómo revertir la mendicidad, sino cómo gestionar su visibilidad. Como comentó un usuario en el portal oficialista Cubadebate: “Una cosa es erradicar la mendicidad y otra es erradicar los mendigos”.
Tampoco ataca las causas estructurales del fenómeno centradas en el colapso del modelo económico, la desintegración familiar, el envejecimiento demográfico y la emigración masiva. El Estado no reconoce su responsabilidad en esa crisis y opta por medidas reactivas para esconder sus síntomas.
La institucionalización del control sobre los más pobres, bajo la etiqueta de “conducta deambulante”, no es más que otro parche autoritario para maquillar una fractura social que ya no se puede ocultar.
El régimen cubano atribuye el incremento de personas en situación de calle a la desatención familiar y al endurecimiento del embargo de Estados Unidos.
Un reciente reportaje del periódico oficialista Girón ha dejado al descubierto una de las realidades más dolorosas de la Cuba actual: la precariedad extrema en la que viven miles de jubilados que, tras décadas de trabajo, se ven obligados a subsistir en las calles.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha debido reconocer la existencia de preocupantes manifestaciones sociales como el trabajo infantil, la mendicidad, la informalidad laboral y el asedio a turistas, algo que la prensa oficialista visibilizó como una realidad muchas veces silenciada en Cuba.
Desde mediados de 2024, el gobierno comenzó a reforzar su narrativa institucional sobre la creciente presencia de personas sin hogar en las calles del país.
En junio pasado, se anunció una actualización de la política estatal para atender a las personas deambulantes, con énfasis en su reubicación forzosa en centros de protección social. Antes, las autoridades aseguraron que se había triplicado el número de mendigos en la isla.
A nivel social existe una preocupación por la creciente desigualdad y empobrecimiento que vive el país, un fenómeno expuesto por el diario británico The Times que meses atrás describió la realidad de Cuba como “un país en ruinas, donde la gente pasa hambre”.
Ya en 2023 Cuba figuraba como el país más pobre de América Latina, de acuerdo con la firma DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional que evalúa parámetros como el ingreso per cápita, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, la alimentación y espacios de la vivienda.
El país presenta un 72 % de índice de pobreza, cifra que lo sitúa al frente de la región latinoamericana.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los "deambulantes" en Cuba
¿Qué es el Acuerdo 10056/2025 y cómo afecta a los "deambulantes" en Cuba?
El Acuerdo 10056/2025 del Consejo de Ministros de Cuba es una norma jurídica que regula la atención a personas con “conducta deambulante”. Este acuerdo busca controlar la visibilidad de la mendicidad sin atacar sus causas estructurales, como la pobreza extrema y el colapso del modelo económico cubano. La medida se centra en la contención y el retorno de estas personas a sus territorios de origen, sin garantizar una reintegración real ni respetar la voluntad de los involucrados.
¿Qué papel juegan los Centros de Protección Social en la atención a los "deambulantes"?
Los Centros de Protección Social en Cuba son instituciones destinadas a la atención integral de las personas sin domicilio fijo o en estado de abandono. Permiten una convivencia voluntaria a corto plazo de hasta 90 días, pero no ofrecen soluciones estructurales a largo plazo. Aunque se habla de reinserción y atención médica, no hay cifras claras sobre cuántas personas han sido verdaderamente beneficiadas por estas medidas.
¿Cómo se está gestionando la problemática de la mendicidad en Cuba?
El enfoque del régimen cubano hacia la mendicidad se basa en la gestión de su visibilidad más que en la erradicación de sus causas. Las políticas oficiales tienden a culpar a la desatención familiar y a factores externos, como el embargo de Estados Unidos, sin abordar las raíces estructurales del problema. Esto se refleja en medidas reactivas y en un discurso gubernamental que minimiza la responsabilidad del Estado en la crisis social.
¿Qué críticas enfrenta el enfoque del gobierno cubano hacia los "deambulantes"?
El enfoque del gobierno cubano hacia los "deambulantes" ha sido criticado por su falta de atención a las causas estructurales de la pobreza y por utilizar eufemismos que diluyen la gravedad del problema. El régimen opta por medidas de control social y contención, en lugar de ofrecer soluciones efectivas. Estas políticas han sido vistas como un intento de ocultar la pobreza sin erradicarla, lo que refleja un fracaso en abordar la crisis económica y social subyacente.
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