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El Departamento de Sanidad Animal (DSA) de Mayarí sancionó con una multa de 1,500 pesos cubanos y una advertencia a un vecino identificado como Manolo, tras determinar que fue el único responsable de la muerte de la gata Luna. Así lo informó la red Bienestar Animal Cuba (BAC) a través de un comunicado publicado en redes sociales.
“Se llegó a la conclusión de que el único responsable de la muerte de Luna fue uno de los vecinos, Manolo, sin que existieran elementos en dicha investigación que pudieran demostrar que los otros vecinos, Mabel y Alexander, tuvieron algún grado de participación”, cita el texto.
Según BAC, en la investigación solo fue entrevistado un testigo presencial, ya que “la otra no compareció”. La organización consideró que la medida representa una victoria parcial, aunque insuficiente. “El monto irrisorio de la multa, en comparación con el nivel de agresión a una criatura indefensa hasta provocarle la muerte, continúa dejando claro que el Decreto Ley debe modificarse cuanto antes y contemplar el maltrato y la crueldad animal como un delito dentro del Código Penal”.
Lourdes Elena, tutora del animal, continuará acciones legales con el objetivo de que también se sancione a los otros implicados. “En las citadas investigaciones no se examinaron a todos los testigos que conocieron sobre los hechos y en consecuencia las mismas son superficiales”, indicó el comunicado.
El caso provocó numerosas reacciones en redes sociales. Usuarios calificaron la multa como “una burla”, “insuficiente” y “una falta de respeto”. Algunos recordaron que “no comparecer como testigo” también debería considerarse una falta, mientras otros denunciaron que “la ley de protección animal en Cuba está por gusto”.
La muerte de Luna fue denunciada públicamente a finales de abril. Su dueña acusó a tres vecinos de haber lanzado a la gata desde un tercer piso y golpearla hasta causarle la muerte. La denuncia fue publicada inicialmente en redes sociales y respaldada por BAC.
Días después, la denunciante fue instruida de cargos por presunta difamación, lo que generó nuevas críticas contra las autoridades por su manejo del caso.
El caso sigue siendo motivo de debate en la comunidad animalista, que reclama sanciones más severas y una reforma legal que reconozca la crueldad animal como delito penal en Cuba.
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