La organización no gubernamental Cubalex alertó sobre un patrón creciente de represión en Cuba que no solo afecta a los opositores políticos, sino que también se extiende deliberadamente a sus familias como forma de castigo e intimidación.
A partir de los casos recientes de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, la organización documentó violaciones sistemáticas al derecho a la vida privada, la integridad familiar y la libertad religiosa.
Hostigamiento familiar: del hogar a los hijos
El pasado 29 de abril, agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en la vivienda de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba y, tras detenerlo arbitrariamente, expulsaron a su esposa, Nelva Ortega, y a su hijo menor del hogar. Ambos fueron trasladados a una supuesta “casa de protección” sin condiciones mínimas, en lo que Cubalex califica como un acto de hostigamiento encubierto bajo ropajes legales, con amenazas implícitas de perder la custodia del niño.
Este patrón —advierte Cubalex— utiliza el nuevo Código de las Familias como herramienta de coerción, al convertir a los menores en piezas de presión política contra sus progenitores.
Mientras se alegan razones de protección, el Estado instrumentaliza a los niños en actos de repudio y despliegues ideológicos, como ocurrió con escolares obligados a gritar consignas frente a la vivienda de Ferrer tras su arresto.
El caso Navarro: represión emocional y vigilancia médica
El mismo día, Félix Navarro fue detenido en Matanzas en una fecha cuidadosamente elegida para impedir una visita carcelaria de su hija, también presa política. En las semanas anteriores, había sido detenido siete domingos consecutivos por intentar asistir a misa, evidenciando un patrón de persecución religiosa.
En tal sentido, Cubalex denuncia el uso arbitrario de cámaras de vigilancia por parte de agentes de Seguridad, así como la presencia de personal médico no solicitado durante las detenciones, supuestamente para “tomar la presión”.
Esta práctica, lejos de tener fines humanitarios, refuerza el control psicológico y humilla al detenido, en un contexto donde los recursos médicos escasean para el resto de la población.
Impacto en los más vulnerables
La esposa de Navarro, Sonia Álvarez, ha sufrido también los efectos del castigo estatal. Le han negado en seis ocasiones consecutivas el derecho a visitar a su hija, Saylí Navarro, en prisión, únicamente por vestir de blanco, en alusión a su activismo con las Damas de Blanco.
Vale recordar, además, que Zoila Esther Chávez, la madre del preso político José Gabriel Barrenechea, falleció el domingo 4 de mayo sin poder despedirse de su hijo.
La mujer de 84 años había perdido el habla y presentaba una respiración tenue. Su cuerpo no resistió. Y, pese a sus súplicas, la dictadura no dejó que volviera a ver a su hijo en vida.
Cubalex subraya que estos actos de represalia emocional buscan fracturar los vínculos familiares como herramienta de disuasión política. La familia deja de ser un espacio protegido y se convierte en un blanco directo de la violencia institucional.
Violaciones sistemáticas de derechos humanos
Estas acciones vulneran principios fundamentales consagrados en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíben la injerencia arbitraria en la vida familiar y garantizan el derecho a la libertad de culto y a la protección contra la intimidación estatal.
Cubalex advierte que la comunidad internacional no puede seguir ignorando este patrón de represión estructural, donde la violencia ya no se limita a los activistas, sino que se ejecuta contra sus núcleos afectivos más cercanos: hijos, esposas y padres, en un intento de quebrar su resistencia mediante el daño emocional.
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