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Un informe especial de Cubalex advierte que Cuba atraviesa una fase de creciente militarización social, marcada por patrullajes, apagones prolongados, despliegues de fuerzas represivas y mecanismos de control territorial que afectan directamente la vida cotidiana de la población.
El documento, titulado Militarización social y excepcionalidad de facto en Cuba, analiza los hechos ocurridos en marzo de 2026 y concluye que el régimen ha pasado de una etapa preventiva a una fase operativa de control directo sobre el espacio civil.
Según Cubalex, durante ese mes se documentaron 31 eventos relevantes vinculados a seguridad, defensa y represión, lo que representa un aumento de más del 240 % respecto a febrero. De ellos, aproximadamente el 61 % correspondió a incidentes de represión o control directo sobre la población.
El informe sostiene que la crisis energética, con apagones prolongados en varias provincias, ha sido utilizada como contexto para intensificar la vigilancia, los controles de identidad y la presencia de fuerzas policiales, militares y tropas especiales en calles, parques y zonas residenciales.
Entre los episodios señalados figuran protestas y cacerolazos en localidades como Morón, Santiago de Cuba, La Habana, Santa Clara y Guantánamo, seguidos por despliegues de patrullas, brigadas especiales y unidades de seguridad. Cubalex interpreta estos hechos como parte de un patrón nacional y no como acciones aisladas.
El reporte también alerta sobre la incorporación de civiles, estudiantes y trabajadores a estructuras de defensa o vigilancia. En algunos casos, la participación en actividades como el “Bastión Estudiantil Universitario” habría estado condicionada por presiones académicas o laborales.
Para la organización, esta dinámica difumina la frontera entre lo civil y lo militar y amplía la capacidad coercitiva del Estado más allá de las fuerzas armadas y policiales formales.
Cubalex identifica cinco indicadores principales en el proceso observado: militarización preventiva, militarización reactiva, uso del discurso bélico, control de recursos estratégicos y participación civil en estructuras militares o de control.
El informe subraya además que el régimen emplea un lenguaje de guerra para presentar el descontento social como una amenaza interna. Expresiones como “enemigos de la Revolución” o “guerra no convencional” servirían, según el análisis, para justificar medidas de vigilancia y represión contra ciudadanos inconformes.
Desde el punto de vista jurídico, Cubalex afirma que Cuba vive una “excepcionalidad de facto”, al aplicarse medidas propias de un estado de excepción sin que este haya sido declarado formalmente ni sometido a controles legales.
La organización considera que no existe una emergencia pública que justifique la activación de poderes extraordinarios y advierte que las medidas observadas son incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos.
El informe concluye que el nivel de riesgo es alto para las libertades fundamentales, el Estado de derecho y el espacio cívico en Cuba.
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