El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes una polémica propuesta migratoria que permitiría a la Guardia Nacional del estado actuar como autoridad judicial en procesos de deportación, y facultaría a la Patrulla de Carreteras (FHP) para ejecutar redadas migratorias de forma independiente.
Según reporta la agencia EFE, el plan fue entregado al gobierno del presidente Donald Trump, y contempla el uso del Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar de la Guardia Nacional de Florida, como jueces de inmigración, con el objetivo de acelerar los procedimientos legales.
Durante una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis informó que 100 oficiales de la FHP ya han sido acreditados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals bajo el programa 287(g), lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales y “remover a extranjeros criminales peligrosos”, en sus propias palabras.
Como ejemplo, destacó la reciente “Operación Marea Negra”, un despliegue migratorio coordinado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que dejó 1,120 inmigrantes arrestados entre el 21 y el 26 de abril.
DeSantis aseguró que los agentes estatales ahora tienen facultades para realizar operaciones migratorias de manera autónoma, incluyendo arrestos y procesamiento para deportación.
El gobernador también propuso establecer nuevos centros de detención de migrantes en el estado, como parte de su estrategia para expandir las aprehensiones y reforzar la política migratoria desde el nivel estatal.
“Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”, afirmó.
En un estado donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, más de cinco millones de personas nacidas en el extranjero, según el American Immigration Council, la propuesta refuerza el enfoque restrictivo que ha caracterizado la política migratoria estatal en los últimos años.
Desde el inicio de su mandato, DeSantis ha impulsado leyes que prohíben las ciudades santuario, imponiendo multas de hasta 5,000 dólares y sanciones como la suspensión o destitución de funcionarios que incumplan las disposiciones.
Actualmente, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados de Florida han suscrito acuerdos 287(g), junto con ciudades como Hialeah, Doral, Orlando, Miami Springs, West Miami, Coral Gables y Key West.
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