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Las autoridades federales lanzaron esta semana una operación a gran escala en Florida con el objetivo de detener y deportar a unos 800 inmigrantes indocumentados, en lo que representa el primer esfuerzo coordinado de control migratorio entre el gobierno federal y la policía estatal desde que la administración Trump llegó al poder.
La iniciativa, denominada Operación Marea Negra, fue activada el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y se extenderá hasta el sábado.
Según documentos obtenidos por el Miami Herald, el operativo tiene como blanco a personas con órdenes de deportación firmes o antecedentes penales en varias zonas del estado, como son Miami-Dade, Broward, Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers.
Aunque no se ha confirmado cuántas personas han sido detenidas hasta el miércoles, la operación marca un cambio significativo en la estrategia migratoria, evidenciando la creciente colaboración entre el DHS y las agencias policiales de Florida.
A través del programa 287(g), iniciativa que permite a la policía local asumir funciones limitadas de agentes migratorios, más de 230 agencias del orden en el estado han firmado acuerdos para participar, siendo Florida el estado con más colaboraciones de este tipo en todo el país.
Entre las entidades que ya colaboran o planean hacerlo se encuentran departamentos de policía locales, cuerpos de seguridad universitarios e incluso subdivisiones estatales, como la división de seguridad del Departamento de Lotería de Florida.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evitó comentar directamente sobre la operación, alegando razones de seguridad. No obstante, un portavoz indicó que como parte de sus funciones rutinarias, ICE arresta a inmigrantes que han cometido delitos o violado las leyes migratorias y que los resultados se anuncian públicamente cuando se considera apropiado.
La colaboración entre ICE y las fuerzas policiales locales en Florida se ha intensificado significativamente desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, el estado ha promovido activamente el programa federal 287(g), que permite a las agencias policiales locales asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales.
Este programa ha sido adoptado por más de 200 jurisdicciones en Florida, incluyendo ciudades como Hialeah, Doral, Fort Myers y Orlando. En Hialeah, por ejemplo, el acuerdo permite que los oficiales de policía colaboren con ICE en la identificación, arresto y detención de inmigrantes indocumentados, una medida que ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes por el posible impacto en la confianza comunitaria y el temor a persecuciones injustificadas.
En Doral, una ciudad donde aproximadamente el 70% de la población es nacida en el extranjero, la aprobación unánime de una resolución para colaborar con ICE ha desatado controversia, especialmente entre la significativa comunidad venezolana, que teme un aumento en las detenciones y deportaciones.
Sin embargo, no todas las ciudades han aceptado esta colaboración sin objeciones. South Miami, por ejemplo, ha buscado protección judicial para evitar que su fuerza policial local se convierta en una extensión de las políticas migratorias federales, argumentando la necesidad de mantener la autonomía local y proteger la confianza entre la comunidad y la policía.
Este contexto de creciente colaboración entre ICE y las fuerzas policiales locales en Florida ha generado un ambiente de temor y desconfianza entre las comunidades inmigrantes, que temen ser objeto de detenciones y deportaciones, incluso por infracciones menores.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el posible impacto negativo en la denuncia de crímenes y la erosión de la confianza en las autoridades locales.
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