El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este 12 de mayo su alerta de viaje para Venezuela, reafirmando su advertencia de Nivel 4: No viajar.
En su aviso, la oficina que dirige el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que los ciudadanos estadounidenses enfrentan un riesgo extremadamente alto de detención injusta, tortura, terrorismo y secuestro si se encuentran en ese país sudamericano.
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La nueva actualización, calificada por el propio organismo como una "reiteración y énfasis del peligro extremo", refuerza el mensaje que Washington ha mantenido desde 2019, cuando se ordenó la retirada del personal diplomático estadounidense de Caracas y la suspensión total de los servicios consulares.
“No viaje ni permanezca en Venezuela”, enfatizó el documento oficial, que instó a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a abandonar el país de inmediato, incluyendo a quienes se encuentren allí con pasaportes venezolanos u otros documentos de viaje.
Según la advertencia, la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses es una de las amenazas más graves. El comunicado detalló que las fuerzas de seguridad venezolanas han llegado a mantener detenidos a ciudadanos estadounidenses durante años, sin acceso a abogados, visitas consulares o contacto con familiares.
“El gobierno de EE. UU. no puede brindar asistencia de emergencia ni consular en Venezuela. No tiene forma de comunicarse con los ciudadanos detenidos ni puede garantizar su liberación”, señaló el texto.
A las amenazas legales y políticas se suma un entorno altamente inseguro, marcado por una criminalidad violenta generalizada, falta de servicios médicos básicos y una infraestructura precaria. La escasez de gasolina, electricidad, medicinas y agua potable persiste en buena parte del territorio venezolano, agravando la vulnerabilidad de cualquier visitante extranjero.
Las autoridades estadounidenses advirtieron también sobre la presencia de grupos armados irregulares, incluyendo organizaciones terroristas colombianas, que operan en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.
Por si fuera poco, el Departamento de Estado mencionó que es especialmente peligroso viajar de noche entre ciudades o desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Caracas, así como utilizar taxis no regulados o cajeros automáticos en esas áreas. Incluso entrar a Venezuela sin visa válida podría significar una detención indefinida sin contacto consular.
El documento recomendó a quienes, pese a las advertencias, decidan permanecer o viajar a Venezuela, preparar testamentos, contratar seguros de evacuación médica y establecer protocolos de comunicación tipo “prueba de vida” con familiares o empleadores, en caso de secuestro o detención.
Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió avisos que restringen vuelos civiles sobre el espacio aéreo venezolano, debido a los riesgos para la seguridad.
Este tipo de advertencia no es nuevo. En años anteriores, Washington ha emitido alertas similares. En marzo de 2019, tras la retirada del personal diplomático, CiberCuba reportó el cierre de la embajada en Caracas y la suspensión de servicios consulares.
En enero del mismo año, Trump también pidió a los ciudadanos estadounidenses que evitaran cualquier viaje al país petrolero. Y en diciembre de 2016, el Departamento de Estado ya había instado a los norteamericanos a salir de Venezuela ante la creciente inestabilidad.
La persistencia de estas alertas confirma que la situación en Venezuela continúa deteriorándose, sin garantías para la integridad física ni legal de los ciudadanos extranjeros.
Esta nueva advertencia del Departamento de Estado se publica días después de que un grupo de opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas lograran salir del país y llegar a Estados Unidos.
El hecho fue descrito por el secretario de Estado como un “rescate”, aunque el régimen de Nicolás Maduro sostiene que se trató de un acuerdo negociado, según CNN.
El grupo, vinculado a la líder opositora María Corina Machado, permaneció asilado durante casi un año tras ser acusado de participar en un supuesto complot para derrocar al mandatario venezolano, quien perdió clamorosamente en las urnas, se decretó vencedor en las pasadas elecciones y lanzó una brutal ofensiva represiva contra opositores y activistas de la sociedad civil.
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