Al menos siete familias cubanas que cruzaron la frontera de manera ilegal durante la administración Biden y aplicaron a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano no han logrado legalizar su estatus migratorio, a pesar de haber sido liberadas inicialmente con un parole.
Estas familias denuncian que, a pesar de haber cumplido con el año y un día requerido por la ley y no tener antecedentes penales en Cuba ni en Estados Unidos, sus solicitudes han sido denegadas por la actual Administración.
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“Nos están acusando de haber hecho 'un tráfico' con nuestro hijo”, expresó en declaraciones a Univision, Irianna Gilimas Matamoros, una de las madres que atraviesa la difícil situación.
Por su parte, otra de las afectadas, "Betsy", señaló: “Todos terminamos en el mismo punto, la denegación de nuestra residencia”.
La razón principal de la denegación, según documentos emitidos por una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en Washington D.C., es que los adultos supuestamente ayudaron a sus hijos menores a ingresar ilegalmente al país, lo que los hace inadmisibles.
“Habíamos entrado con el niño menor de edad, de cinco años en ese momento”, explicó una de las madres.
Una de las grandes contradicciones del caso es que, mientras a los padres se les rechaza la residencia por esta causa, a los menores sí se les ha aprobado el estatus legal.
“Ha sido totalmente una injusticia porque nosotros entramos con nuestra hija menor, en nuestro caso recibimos parole de 60 días. Permanecimos el año y un día requeridos para la Ley de Ajuste y no tenemos ningún delito ni en Cuba ni en EE.UU.”, aseguró una de las afectadas.
El abogado Wilfredo Allen, quien representa a algunas de las familias, manifestó su desconcierto por la situación.
“No son casos criminales porque al entrar con tu hijo por frontera no es un delito criminal per se, no es un tráfico humano, pero están usando una parte de la ley para tratar de castigarlos”, explicó.
Pese a todo, el abogado se muestra optimista y sostiene que “nunca va a ser deportados”
Según Allen, “si los envían a la corte se va a resolver todo en Corte”, aunque reconoce que mientras tanto, las familias viven en una grave incertidumbre.
A algunos incluso ya se les venció el permiso de trabajo.
Todos los casos han sido apelados mediante solicitudes de perdón, pero hasta ahora las autoridades han determinado que no califican para ese recurso.
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