Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo este miércoles una serie de redadas en sitios de construcción y paisajismo en la ciudad de Wildwood, situación que provocó pánico entre los trabajadores presentes.
Durante estos operativos ICE detuvo a más de dos docenas de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales ya habían sido deportados previamente, informaron varios medios.
Según reportes oficiales, las personas arrestadas son originarias de México, Guatemala y Honduras.
Las redadas se realizaron con la colaboración de varias agencias federales y estatales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), HSI Tampa, ERO Miami y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).
Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la vigilancia en sitios de trabajo que contratan a personas sin autorización legal.
En redes sociales, los reportes y videos sobre los arrestos se viralizaron rápidamente.
El activista Carlos Eduardo Espina publicó varios videos de las redadas, y denunció que se realizan a pesar de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.
Su publicación ha generado decenas de comentarios, entre ellos el de la usuaria mariluz1909, quien escribió: “Qué fuerte, llevándoselos donde solo están trabajando”.
Por su parte, Barbie Rogers, candidata al Congreso por el distrito 11 de Florida, confirmó en su cuenta oficial que al menos dos docenas de trabajadores fueron detenidos en la zona de The Villages, donde se ubican varios de los sitios intervenidos.
Estas acciones reavivan el debate sobre la política migratoria del estado de Florida y del gobierno de Donald Trump, especialmente en lo que respecta a la presencia de trabajadores indocumentados en sectores esenciales de la economía.
En febrero las redadas antiinmigrantes en Florida empezaron a afectar los negocios locales, que estaban sufriendo no solo con la falta de trabajadores extranjeros sino con la disminución de clientes.
En el sur del estado, donde los hispanos son claves para la economía de servicios y el turismo, la embestida del gobierno contra la emigración ilegal comenzó a reducir la presencia de empleados en sus centros de trabajo que optaron por no salir de casa ante el riesgo de una deportación.
El lunes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó una polémica propuesta migratoria que permitiría a la Guardia Nacional del estado actuar como autoridad judicial en procesos de deportación, y facultaría a la Patrulla de Carreteras (FHP) para ejecutar redadas migratorias de forma independiente.
El plan fue entregado al gobierno del presidente Donald Trump, y contempla el uso del Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar de la Guardia Nacional de Florida, como jueces de inmigración, con el objetivo de acelerar los procedimientos legales.
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