Madre indocumentada en Florida enfrenta millonaria multa por ignorar orden de deportación desde 2005

Una inmigrante indocumentada de origen hondureño, residente en Florida y madre de tres hijos estadounidenses, enfrenta una multa civil de 1.82 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de no cumplir con una orden de deportación emitida en 2005.

Según reportó CBS News, la mujer de 41 años recibió el pasado 9 de mayo una notificación formal de ICE exigiendo el pago de 500 dólares por cada día que ha permanecido en Estados Unidos desde que se le ordenó abandonar el país hace 20 años.

La sanción se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, un marco legal que rara vez ha sido utilizado para imponer multas de este tipo.

La abogada Michelle Sánchez, representante legal de la inmigrante, indicó que su clienta no asistió a una audiencia migratoria en abril de 2005, lo que resultó en una orden de expulsión en ausencia.

Sin embargo, argumenta que desde entonces la mujer ha vivido en el país de forma pacífica, sin antecedentes penales, y ha formado una familia con tres hijos nacidos en EE.UU., quienes enfrentarían “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” si su madre fuera deportada.

Sánchez presentó en 2024 una moción para reabrir el caso y anular la orden de deportación, pero en marzo de este año ICE rechazó la solicitud, alegando que la actual administración no cuenta con directrices claras sobre la discrecionalidad procesal establecida durante el mandato anterior.

“ICE está aterrorizando a las personas sin siquiera arrestarlas, enviando estas notificaciones con multas exorbitantes que muchas veces superan lo que una persona gana en toda su vida”, denunció Sánchez.

La abogada advirtió que aunque la notificación permite impugnar la sanción mediante una entrevista personal con ICE, hacerlo sin asesoría legal puede poner a los inmigrantes en riesgo de deportación inmediata.

“Es como meterse en la boca del lobo”, advirtió.

Sánchez anunció que apelará la multa, y alegará que su clienta nunca fue informada adecuadamente sobre las consecuencias de no abandonar el país tras la orden de remoción.

Este caso es uno de los primeros en que ICE recurre a las disposiciones civiles de la Ley de 1952 para imponer sanciones económicas tan elevadas.

Bajo la actual administración de Trump, el gobierno ha reiterado su intención de usar todos los mecanismos legales disponibles para endurecer la política migratoria, incluyendo la exigencia de registro para personas que residen ilegalmente en el país y la aplicación de multas, penas de prisión o ambas.