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Una migrante cubana embarazada de 30 semanas enfrenta una angustia añadida a su gestación de alto riesgo: teme que su bebé no obtenga la ciudadanía estadounidense si entra en vigor una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o temporales.
"Me asusta mucho que mi bebé nazca sin ciudadanía, porque no sería ciudadana de este país. Solicitar la ciudadanía cubana no es una opción porque estamos huyendo de ese país", dijo The Associated Press la mujer, quien se identifcó solo como Bárbara.
"Realmente no sé qué futuro le espera a mi bebé. Me aterra que nazca sin ciudadanía. Sería como si fuera apátrida. Es terrible", agregó.
La mujer de 35 años reside actualmente en Kentucky, uno de los estados que no ha participado en las demandas contra la orden ejecutiva de Trump, lo que la deja especialmente vulnerable si la Corte Suprema falla a favor del gobierno.
La amenaza legal y su posible impacto
Hasta ahora, tribunales federales en varios estados han bloqueado la orden ejecutiva, pero la administración Trump pidió a la Corte Suprema que limite estos fallos solo a los demandantes directos, lo que abriría la puerta a que en estados como Kentucky, niños nacidos en condiciones similares puedan no ser considerados ciudadanos.
Esto podría resultar en un "mosaico confuso" de normas según el estado, creando situaciones en las que dos bebés nacidos en el mismo hospital, el mismo día, podrían tener distinto estatus legal.
Barbara, que ejercía como abogada en Cuba, huyó del país en 2022 junto a su esposo, su hija de cuatro años y sus padres, escapando de la persecución religiosa.
Actualmente, toda la familia solicita asilo político en Estados Unidos. Se ha unido al Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, uno de los grupos que ha presentado demandas legales por el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que podría otorgarles cierta protección judicial.
"No quisiera que mi hija creciera en una sociedad que la excluye. Como ciudadana, tendrá muchos derechos. No sé exactamente a cuántos lugares no podría acceder si no fuera ciudadana", dijo Bárbara.
La disputa sobre la Decimocuarta Enmienda
La orden de Trump intenta reinterpretar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que afirma: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen".
Desde 1898, tras el fallo del caso Wong Kim Ark, esta cláusula ha sido interpretada para garantizar la ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres, salvo excepciones como diplomáticos o enemigos durante ocupaciones hostiles.
Trump y sus aliados argumentan que quienes están en el país ilegal o temporalmente no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, por lo que sus hijos no deberían obtener automáticamente la ciudadanía.
En su orden, Trump calificó la ciudadanía por nacimiento como "un regalo invaluable y profundo".
Una batalla jurídica con alcance nacional
En sus apelaciones ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia ha centrado su argumento en reducir el alcance nacional de las órdenes judiciales emitidas por jueces federales, a las que califica como excesivas.
"La necesidad de la intervención de este Tribunal se ha vuelto urgente, ya que las órdenes judiciales universales han alcanzado niveles de tsunami", escribió el procurador general D. John Sauer.
De los nueve jueces del alto tribunal, al menos dos -Clarence Thomas y Neil Gorsuch- han expresado su oposición a las órdenes judiciales con alcance nacional. Otros jueces podrían inclinarse a favor de revisar esta práctica.
Sin embargo, el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, quien lidera una de las demandas contra la orden, considera que este no es el caso adecuado para debatir ese tipo de medidas cautelares, debido a que la orden ejecutiva de Trump firmada en enero contradice abiertamente la jurisprudencia establecida.
"Creo que este es un vehículo muy imperfecto para plantear la cuestión de las medidas cautelares a nivel nacional... porque es evidente que la Decimocuarta Enmienda se aplica de manera uniforme en todos los estados si uno nace aquí", afirmó.
Más allá de la ciudadanía
La ciudadanía por nacimiento es solo una de varias políticas migratorias que la administración Trump intenta imponer mediante medidas de emergencia.
Otras propuestas incluyen eliminar la libertad condicional humanitaria para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y retirar protecciones legales temporales a unos 350.000 venezolanos.
Además, el gobierno sigue enfrentando disputas legales por sus intentos de usar una ley del siglo XVIII -la Ley de Enemigos Extranjeros- para deportar rápidamente a supuestos miembros de pandillas a una prisión en El Salvador.
Por ahora, Barbara continúa esperando entre citas médicas y trámites de asilo, mientras la Corte Suprema decide si su hija, nacida en territorio estadounidense, será reconocida como ciudadana de pleno derecho.
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