Una reciente publicación del diario oficialista Granma, firmada por Diana Rosa Simón Gutiérrez, fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, ha vuelto a levantar serias preocupaciones entre juristas, activistas de derechos humanos y ciudadanos cubanos.
Bajo el titular "¿Cuál es la responsabilidad de madres y padres respecto a sus hijas e hijos menores de edad?", el texto vino a reforzar la amenaza de que madres y padres pueden perder la custodia de sus hijos si no cumplen con lo que el régimen define como su deber de inculcar “valores patrióticos”.
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Aunque el artículo se presenta como una guía sobre los deberes parentales, su tono y contenido evidencian una velada advertencia política: el Estado cubano se reserva el derecho de intervenir —y castigar— a aquellas familias cuyos principios o acciones contradigan la narrativa oficialista, incluso si eso implica retirarles la “responsabilidad parental”.
El pretexto legal: Entre deberes y patriotismo
El texto, publicado este lunes en Granma, desgrana múltiples artículos del Código de las Familias y de la Constitución cubana para justificar las facultades del Estado en materia de niñez y familia.
Se citan los artículos 81, 84 y 136, todos enfocados en el deber de los padres de velar por el desarrollo “integral” de sus hijos y su formación en valores como la dignidad, la honradez y el amor a la Patria.
El artículo 138 del Código establece que los progenitores deben “inculcar el respeto a los símbolos patrios y el amor a la familia, al trabajo y a la Patria”. Tal y como advirtió recientemente la organización no gubernamental Cubalex, el régimen cubano utiliza el nuevo Código de las Familias como herramienta de coerción, al convertir a los menores en piezas de presión política contra sus progenitores.
Esto, en sí mismo, no sería problemático si no viniera acompañado de sanciones penales y administrativas que permiten interpretar cualquier crítica al gobierno, cualquier acto de disidencia cívica o incluso una publicación en redes sociales, como una falta grave de esos deberes.
Y en Cuba, lo “patriótico” y lo “político” son, desde la visión estatal, inseparables del Partido Comunista. En consecuencia, un padre que participe en una protesta, una madre que denuncie la escasez de alimentos o un activista que defienda derechos civiles puede ser señalado por “incumplir con sus deberes” y ser objeto de medidas judiciales como la privación de la custodia de sus hijos.
El uso político del concepto “responsabilidad parental”
La “responsabilidad parental”, según el artículo 136 del Código de las Familias, es el conjunto de deberes y derechos que los padres ejercen sobre sus hijos menores. Pero en la práctica cubana, esa definición ha sido estirada para incluir factores ideológicos.
El artículo 191 del Código establece como causales para perder la custodia conductas “viciosas”, “delictivas” o que pongan en riesgo el desarrollo físico y psicológico del menor.
La pregunta clave es: ¿quién decide qué conductas son “delictivas” o “riesgosas”? En un sistema donde la ley está subordinada al poder político, el margen de discrecionalidad de fiscales, jueces y agentes del ministerio del Interior (MININT) es muy amplio.
La imagen que acompaña el artículo en Granma lo ilustra de forma contundente: un grupo de niños ondea una bandera cubana mientras algunos visten el uniforme de pioneros.
El mensaje visual refuerza la idea de que el niño ideal, desde la perspectiva estatal, es aquel que ama la Patria como lo exige el partido. Cualquier desviación de ese modelo —por influencia familiar o convicciones personales— puede considerarse una amenaza al sistema.
Casos concretos: Coerción mediante los hijos
Esta política no es nueva. CiberCuba ha documentado en los últimos años varios casos donde padres y madres han sido intimidados o procesados penalmente por sus posturas políticas, con amenazas explícitas de retirarles la custodia de sus hijos:
- En 2020, a la doctora Nelva Ismarays Ortega, esposa del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, le advirtieron que perdería la custodia si su esposo continuaba con sus denuncias.
- En 2021, la doctora Noemia Lisandra Rodríguez fue presionada por la Seguridad del Estado para que abandonara su activismo, bajo amenaza de perder a sus hijos.
- En 2023, la activista Diasniurka Salcedo Verdecia enfrentó un proceso judicial de custodia tras participar en acciones cívicas.
Estos casos son ejemplos del uso de las leyes de familia como mecanismo de castigo e intimidación. No se trata solo de sancionar políticamente al adulto, sino de generar miedo a través de lo más sagrado: la relación con los hijos.
Adoctrinamiento infantil: Un modelo institucionalizado
El énfasis en inculcar valores patrióticos desde la infancia ha sido constante en la llamada “educación revolucionaria” cubana, pero en los últimos años se ha intensificado.
Desde temprana edad, los menores participan en actos políticos, desfiles y ceremonias con fuerte carga ideológica. Se les educa en el culto a figuras como Fidel Castro y se les exige lealtad al socialismo.
El artículo de Granma va más allá del plano educativo y legal: establece una obligación moral con consecuencias jurídicas. Si los padres no promueven estos valores —y si el Estado determina que su actitud es “corruptora” o “contraria al desarrollo”— pueden ser excluidos del ejercicio de sus derechos parentales.
La legalidad como fachada: Entre represión y simulacro de justicia
Como señala la nota de CiberCuba sobre el nuevo Código de la Niñez, la legislación cubana ofrece una apariencia de protección y derechos, pero en la práctica opera como una herramienta de vigilancia, control y castigo.
La ambigüedad de los términos legales y la politización de los valores familiares permiten que el Estado se inmiscuya en la vida privada de las familias cubanas con total impunidad.
Lo más preocupante es que este tipo de normativa no protege a los niños, sino que los convierte en instrumentos de coerción. Se refuerza una cultura del miedo donde los padres se autocensuran para evitar represalias, y donde el vínculo afectivo familiar está condicionado por la fidelidad al sistema.
Conclusión: Entre el deber familiar y el chantaje político
La publicación en Granma representa mucho más que una nota legal: es una advertencia pública con consecuencias muy reales.
Bajo la fachada de proteger a la infancia, el régimen cubano continúa consolidando un aparato jurídico que, lejos de garantizar derechos, criminaliza la disidencia y convierte a la familia en un campo de batalla ideológico.
La amenaza de perder la custodia de los hijos por pensar diferente no solo vulnera derechos fundamentales, sino que revela la verdadera intención del sistema: perpetuar el control a través del miedo.
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