Vídeos relacionados:
El nuevo sistema de precios para la construcción en Cuba, conocido como PRECONS III, podría convertirse en una traba más que en una herramienta de desarrollo, advirtió la empresaria cubana Yulieta Hernández Díaz, al frente de la mipyme Pilares Construcciones, tras analizar de manera exhaustiva las Resoluciones 153 y 173 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y del Ministerio de la Construcción, emitidas el 12 de mayo.
Estas regulaciones fijan topes claros: una utilidad máxima del 15 % sobre costos directos, tarifas de mano de obra hasta cinco veces las vigentes y límites en los gastos indirectos (un coeficiente de 1.0, como máximo, sobre el costo de la mano de obra directa y de 0.3 sobre el uso de equipos).
Lo más leído hoy:
PRECONS III obliga, además, a operar exclusivamente en pesos cubanos, sin acceso a divisas, en una economía donde el 60 % de los insumos se adquiere en USD o EUR. Además, los costos deben ser verificables y auditables.
Esto significa que “no es factible para las constructoras privadas trabajar con el Estado sin asumir pérdidas”, reflexionó Hernández en un extenso análisis publicado en su cuenta de Facebook.
La empresaria alertó también sobre el impacto que la bancarización forzosa y la ausencia de un mercado cambiario formal tienen en la operación del sector. Al no poder adquirir divisas en el sistema oficial, los constructores privados dependen del mercado informal, donde el dólar se cotiza a 370 CUP (frente a los 120 CUP oficiales), lo que dispara los costos en una economía dolarizada de facto.
En su análisis, Hernández también denunció que el nuevo modelo impide cubrir los costos reales de la mano de obra calificada, que ha migrado hacia el mercado informal o al exterior ante la imposibilidad de sostenerse bajo escalas salariales obsoletas. Mientras un enchapador gana más de 150,000 CUP mensuales en La Habana, las tablas oficiales lo sitúan en apenas 3,000 CUP.
Pero la crítica no se queda solo en lo económico. Hernández pone el foco en la contradicción estructural: el Estado necesita construir, pero bloquea al único sector con capacidad operativa.
“Las empresas constructoras públicas (estatales) no tienen materiales, ni herramienta, ni equipos, ni medios de protección, ni recursos humanos. A las constructoras privadas no les es factible con estas resoluciones construir al sector público (estatal). ¿Quién construirá los hospitales y escuelas?”, preguntó la CEO de Pilares Construcciones.
También mencionó la telaraña de limitaciones que envuelven a sectores como el turismo y el inmobiliario. El gobierno mantiene un apartheid que excluye a las constructoras privadas cubanas de proyectos hoteleros, mientras se contrata arquitectura extranjera que no responde al contexto cubano.
Hernández lamentó, asimismo, la ausencia de concursos nacionales que permitan a arquitectos e ingenieros cubanos diseñar proyectos adaptados a la realidad local.
La joven empresaria propuso medidas concretas como flexibilizar los topes de costos, permitir que las constructoras privadas participen en proyectos estatales, abrir canales de financiamiento y acceso a crédito y reconocer la figura del arquitecto e ingeniero independiente.
También sugirió un modelo para rehabilitar inmuebles deteriorados con inversión privada, en el que el constructor entregue una parte al Estado y pueda vender el resto para cubrir sus costos y obtener una utilidad razonable. Estas reformas apuntan a dinamizar la inversión, optimizar recursos y fomentar un crecimiento más sostenible, sin depender de una elevada inversión estatal directa.
A juicio de Hernández, “Cuba enfrenta una crisis de infraestructura pública, parte de una policrisis estructural, con un sistema de precios que no responde a la realidad económica del país. Sin reformas profundas, la infraestructura nacional seguirá siendo un espejismo estadístico. Se necesitan cambios urgentes para evitar el colapso del sector”.
PRECONS III, que entrará en vigor dentro de 60 días, en julio, fue presentada por las autoridades como una actualización legal que busca ordenar el sector constructivo en Cuba, “corregir distorsiones” y frenar el incremento injustificado de presupuestos en obras estatales.
Aunque el MFP la considera “una herramienta clave para combatir la inflación en los servicios de construcción, promoviendo un entorno más favorable para el desarrollo de los proyectos”, su efecto real apunta a expulsar del sector público a las mipymes y constructores privados, imposibilitados de trabajar bajo un esquema que no permite cubrir ni sus costos básicos.
El Gobierno cubano anunció este miércoles un aumento sustancial en los precios mayoristas del cemento nacional. La medida, según las autoridades, busca garantizar la sostenibilidad financiera de la industria, aunque se aplica en un contexto marcado por una crisis económica aguda, inflación desbordada, escasez de materiales y una demanda habitacional insatisfecha que no deja de crecer.
Este incremento afectará por igual a empresas estatales, constructoras privadas y ciudadanos que intentan levantar o reparar sus viviendas. El encarecimiento del cemento concatena costos en toda la cadena de construcción, desde obras públicas hasta proyectos particulares.
El desplome de la construcción de viviendas en Cuba refleja con nitidez la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa el país. En 2024 se edificaron 5,5 veces menos viviendas que en 1984 y 15 veces menos que en 2006. Incluso en 1992 -año crítico del Período Especial- se construyeron casi el triple de casas que el año pasado, según el economista Pedro Monreal.
Solo 1,344 viviendas fueron edificadas en el primer trimestre de 2025, lo que representa apenas un 12,4 % del plan oficial de 10,795. Este dato confirma no sólo el desplome del programa estatal de construcción, sino también la crisis estructural del sector y la incapacidad del gobierno para atender una de las necesidades más urgentes de la población.
En paralelo, las estadísticas de los últimos años muestran una tendencia clara: desde al menos 2014, las inversiones en turismo han ganado peso dentro del presupuesto nacional, en detrimento de sectores clave como la vivienda o la infraestructura social.
Tales prioridades inversionistas, pese al estancamiento económico y al deterioro generalizado en áreas sensibles como la salud pública o la alimentación, evidencian una desconexión cada vez más profunda entre las prioridades del gobierno cubano y las necesidades reales de la población.
Preguntas frecuentes sobre PRECONS III y las mipymes en Cuba
¿Qué es el sistema PRECONS III en Cuba?
PRECONS III es un nuevo sistema de precios para la construcción en Cuba, diseñado para ordenar el sector constructivo, corregir distorsiones y frenar el incremento de presupuestos en obras estatales. Sin embargo, ha sido criticado por imponer restricciones que dificultan la participación de mipymes y constructores privados en proyectos públicos.
¿Cómo afecta PRECONS III a las mipymes en Cuba?
PRECONS III impone restricciones económicas que dificultan a las mipymes trabajar con el Estado sin incurrir en pérdidas. Las regulaciones limitan las utilidades, exigen operar exclusivamente en pesos cubanos y no permiten el acceso a divisas, lo que resulta inviable en una economía donde la mayoría de los insumos se adquieren en dólares o euros.
¿Por qué las mipymes cubanas enfrentan dificultades para operar bajo el nuevo sistema?
Las mipymes enfrentan dificultades debido a las restricciones de precios, la falta de acceso a divisas y el encarecimiento de insumos. Además, la bancarización forzosa y la ausencia de un mercado cambiario formal obligan a los constructores privados a recurrir al mercado informal, disparando los costos y haciendo insostenible la operación bajo las nuevas normativas.
¿Qué críticas ha recibido PRECONS III, según los empresarios privados en Cuba?
Los empresarios privados critican que PRECONS III impone barreras insostenibles para las mipymes y constructores privados, limitando su capacidad de participar en proyectos estatales. Denuncian los topes de salarios, utilidades y gastos que hacen inviable cualquier vínculo comercial con el Estado, además de la falta de un mercado formal de divisas que encarece los costos de construcción.
Archivado en: