El régimen cubano calificó como una “agresión digital” los intentos por introducir antenas del servicio satelital Starlink en la isla, y aseguró que forman parte de una estrategia encubierta del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar el país.
Según una publicación del perfil Cuba X Siempre, vocero del régimen, que cita a funcionarios de la Aduana General de la República y de la Unidad de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER), los terminales Starlink estarían ingresando de contrabando a Cuba, ocultos en electrodomésticos o equipajes personales, y ya estarían operando de forma ilegal en el país.
William Pérez González, subjefe de la Aduana, alertó sobre el incremento en los intentos de introducir estos dispositivos, mientras que Carlos Prieto de la Lastra, director de la UPTCER, afirmó que existe un ecosistema ilegal de antenas funcionando en Cuba.
Según dijeron, estas instalaciones afectan la red de ETECSA, provocando interferencias en un 6% de las celdas del país y hasta un 12% en La Habana.
Los dispositivos, diseñados para ofrecer internet de alta velocidad mediante satélites en órbita baja, se venden en el mercado negro cubano por entre 1,300 y 1,800 dólares, más costos adicionales de instalación y traslado que pueden sumar otros 300, indicó el perfil oficialista.
Para activar el servicio se necesitan tarjetas bancarias internacionales, y en este sentido muchos usuarios optan por el plan itinerante de EE.UU. (165 dólares mensuales), aunque otros activan desde países como México o Paraguay.
El vocero del régimen denunció también que el uso de Starlink en la isla viola varias regulaciones internacionales.
Entre ellas, cita las regulaciones de la OFAC, que prohíben transacciones financieras con Cuba sin licencia; la Ley Helms-Burton, que permitiría demandas si se instalan antenas en propiedades nacionalizadas; y la legislación sobre exportaciones de tecnologías de doble uso.
También mencionan que la Unión Internacional de Telecomunicaciones exige que todo uso del espectro radioeléctrico cuente con autorización del país receptor.
El discurso oficial enmarca la introducción de Starlink como una repetición del “manual” de agresiones anteriores, comparándolo con operaciones de la USAID como el fallido proyecto Zunzuneo —una red social diseñada para influir en jóvenes cubanos— o la introducción ilegal de equipos de telecomunicaciones por parte del contratista Alan Gross.
En ese contexto, recuerdan que en julio de 2021 el Departamento de Estado anunció su intención de garantizar un internet sin censura para Cuba, una demanda impulsada por sectores del exilio en Florida, incluidos legisladores como Ron DeSantis y María Elvira Salazar.
Esta última ha promovido activamente el uso de Starlink en Cuba, incluso instando a Elon Musk a replicar el modelo utilizado en Ucrania.
El propio Musk, en 2022, respondió con un escueto “OK” a una consulta en Twitter sobre si habilitaría su servicio para Cuba, mencionó el usuario afín a la dictadura.
Aunque breve, esa respuesta ha sido interpretada como una señal de respaldo, especialmente ante la falta de pronunciamiento oficial por parte de SpaceX o del gobierno estadounidense.
La propaganda oficial insiste en presentar a Starlink como un “caballo de Troya”, y a quienes buscan conectarse como parte de una estrategia mayor de desestabilización, aunque no menciona –convenientemente– que esta sería una forma de saltarse el estrecho cerco de acceso a internet que impone ETECSA, la única compañía telefónica que opera en el país.
Lejos de asumir responsabilidad por emplear a ETECSA como un instrumento de represión, el régimen opta por criminalizar toda vía alternativa de conexión como una amenaza política.
Para algunos cubanos, sin embargo, Starlink no representa una agresión, sino una posibilidad: la de comunicarse libremente con el mundo, sin censura ni vigilancia estatal.
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