Cubanos deportados a Sudán del Sur estarían en una base militar estadounidense

Dos ciudadanos cubanos con extensos historiales criminales fueron deportados esta semana por las autoridades migratorias de Estados Unidos en un polémico operativo coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El vuelo, cuyo destino final era Sudán del Sur, habría aterrizado finalmente en una base militar estadounidense en Yibuti, donde los deportados permanecen bajo custodia.

El caso ha despertado una fuerte reacción judicial luego de que un juez federal en Boston, Brian Murphy, dictaminara que el gobierno del presidente Donald Trump violó una orden judicial previa al ejecutar la deportación.

La sentencia obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a permitir que cada deportado reciba una entrevista de temor creíble, y de ser aprobada, disponga de 15 días para reabrir su caso migratorio, con acceso garantizado a abogados y medios de comunicación.

La corte permite que el procedimiento se realice fuera del territorio estadounidense, siempre que los individuos sigan bajo custodia del gobierno y cuenten con los recursos adecuados para ejercer su defensa.

Deportación sin vínculos con el país receptor

Los cubanos identificados en el vuelo son Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones. El primero posee condenas por homicidio, robo con violencia, secuestro y suplantación de identidad; el segundo fue sentenciado por intento de asesinato, hurto y tráfico de animales.

Ambos fueron detenidos a inicios de mayo y clasificados por ICE como amenazas a la seguridad pública y nacional.

A pesar de que solo uno de los ocho deportados era originario de Sudán del Sur, el vuelo partió desde Texas con ese país como destino final, una práctica cada vez más utilizada cuando las naciones de origen, como Cuba, se niegan a aceptar a sus ciudadanos de regreso.

La medida, parte de la estrategia de deportaciones alternativas o hacia “terceros países”, ha sido reforzada por políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump.

Preocupación internacional y rechazo local

La posible llegada de estos individuos ha generado alarma en Sudán del Sur, un país que atraviesa una grave crisis humanitaria y carece de acuerdos migratorios formales con Estados Unidos.

El portavoz de la policía sursudanesa, mayor general James Monday Enoka, declaró que hasta el momento no se ha recibido ningún deportado desde EE.UU., pero advirtió que cualquier persona sin vínculos con el país será “re-deportada a su país correcto”.

Desde la comunidad local sursudanesa también han surgido voces de preocupación. Martin Mawut Ochalla, un joven residente en Juba, expresó temor por el posible aumento de la criminalidad en caso de que los deportados permanezcan en el país africano.

El uso de bases militares y la controversia judicial

Informes citados por el periodista de Fox News, Bill Melugin, indican que el avión habría aterrizado en una base estadounidense en Yibuti, donde los deportados estarían retenidos. Melugin reveló además que varios de los extranjeros llevaban órdenes finales de deportación activas desde hace más de 20 años.

Este giro en los hechos ha provocado que organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionen la legalidad de las deportaciones a terceros países, sobre todo en ausencia de tratados bilaterales y en contextos de violencia o inestabilidad, como es el caso de Sudán del Sur.

Mientras continúa el proceso legal, ICE confirmó la reciente detención de otro ciudadano cubano con antecedentes criminales en Texas, en lo que parece ser parte de una intensificación de las redadas migratorias contra inmigrantes con historial delictivo.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha limitado parcialmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, frecuentemente invocada para justificar este tipo de expulsiones sin garantías procesales. Sin embargo, la aplicación de esta política persiste en ciertos casos bajo supervisión judicial.