En un giro inesperado dentro de su historial de políticas migratorias restrictivas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la HB 915, una nueva ley que busca proteger a los inmigrantes —incluidos los indocumentados— de fraudes cometidos por notarios públicos que se hacen pasar por asesores legales.
La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, establece límites estrictos a los servicios que los notarios no licenciados como abogados pueden ofrecer, una medida largamente solicitada por organizaciones proinmigrantes ante el incremento de estafas legales que afectan a comunidades vulnerables en todo el estado.
Conocida también como la “Ley de anuncios de servicios de representación”, la HB 915 prohíbe que notarios públicos sin título de abogado anuncien o presten servicios relacionados con trámites migratorios.
Estos deberán incluir, de forma visible en sus oficinas y materiales promocionales, un aviso claro que diga: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración.”
La ley también impide el uso de términos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, que podrían inducir a error a personas que en sus países asocian la figura del notario con funciones legales completas.
Además, se habilitará una vía legal para que las víctimas de estas prácticas puedan demandar por daños y perjuicios, incluyendo la posibilidad de recuperar honorarios legales.
La aprobación de la ley ha sido celebrada como un paso importante para proteger a los inmigrantes, especialmente en zonas como el sur y centro de Florida, donde el fraude notarial es frecuente.
La ley fue impulsada por las representantes demócratas Johanna López y Marie Paul Woodson, y por la senadora Tina Polsky, y recibió un amplio respaldo bipartidista.
Solo el representante republicano Kiyan Michael, de Jacksonville, votó en contra. Michael, férreo crítico de la inmigración ilegal, ha declarado que su postura está influenciada por la muerte de su hijo en un accidente causado por un inmigrante deportado en dos ocasiones.
Pese a ello, sectores conservadores y religiosos también respaldaron la ley. Michael Sheedy, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, afirmó que la medida beneficiará a toda la comunidad: “Los inmigrantes que intentan trabajar dentro del sistema estarán mejor protegidos contra el fraude. Esto es bueno para todos.”, señaló.
Florida, uno de los estados con mayor población inmigrante en Estados Unidos, se ha convertido en los últimos años en un epicentro de medidas migratorias duras.
Desde restricciones laborales hasta redadas y colaboración directa con ICE, miles de inmigrantes viven bajo constante temor a la deportación.
En ese contexto, la HB 915 representa una rara victoria legislativa para los derechos de los inmigrantes y una señal de que, al menos en ciertos temas, es posible lograr consensos a favor de los más vulnerables.
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