La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reiteró este viernes su pedido a la administración de Donald Trump para que no deporte a los más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela admitidos legalmente bajo el programa de parole humanitario, el cual fue anulado por la Corte Suprema.
En una carta dirigida al presidente, Salazar instó a utilizar la herramienta ejecutiva de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), que otorgaría un alivio temporal de deportación a los beneficiarios mientras se completan procesos de asilo, verificación de antecedentes y solicitudes migratorias pendientes.
"Estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la administración Biden. No podemos ignorar el costo humano", escribió la representante por Florida en X.
"Insto a la administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la DED para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión.", subrayó.
El DED es un mecanismo migratorio que no confiere estatus legal permanente, pero protege temporalmente de la deportación a ciudadanos de países designados por el presidente. También permite la solicitud de permisos de trabajo durante el periodo de vigencia.
Salazar, quien antes había hecho la misma solicitud al presidente Donald Trump, argumentó que otorgar este beneficio permitiría “una verificación adecuada caso por caso”, protegiendo tanto la seguridad nacional como el compromiso moral de EE.UU. con quienes huyen de la opresión y la violencia.
“Debemos proteger las promesas hechas a estas personas con compasión y responsabilidad”, afirmó.
“Cuba, Nicaragua y Venezuela viven bajo dictaduras comunistas; Haití está colapsado por la violencia de pandillas. Estos casos merecen un tratamiento especial.”, agregó.
La solicitud de Salazar se produce tras la decisión de la Corte Suprema que autorizó al gobierno de Trump a revocar el parole humanitario sin evaluaciones individuales, revirtiendo una medida clave de la administración de Joe Biden.
Creado en 2022, el programa CHNV permitía la entrada legal de ciudadanos de esos cuatro países con patrocinadores que aseguraban su sustento económico. Desde entonces, más de medio millón de personas accedieron a este beneficio, muchos de los cuales ya iniciaron trámites de residencia, especialmente los cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, la anulación del programa deja en un limbo migratorio a decenas de miles que aún no califican para otras protecciones.
El pronunciamiento de Salazar marca una postura diferenciada dentro de su partido, que en su mayoría ha celebrado la decisión judicial como una “victoria para la seguridad nacional”.
El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración Trump, calificó a los beneficiarios del parole como “ilegales”, pese a que entraron al país con autorización oficial.
La misiva también llega luego de crecientes críticas dentro de la comunidad cubanoamericana en Miami, donde Salazar fue incluida en una valla publicitaria que señalaba a políticos del sur de la Florida como “traidores” por no defender a los migrantes frente al giro radical de las políticas de inmigración.
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