La fiscal de Matanzas Ana Lilian Caballero Arango y la oficial de la PNR María Juantorena Herrera fueron incluidas en la lista de Represores Cubanos por su participación en el caso de las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.
Caballero Arango es acusada de solicitar injustamente cuatro y tres años de privación de libertad respectivamente, sustituida por trabajo correccional sin internamiento, para las académicas disidentes, informó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés).
La procuradora se basa en una versión llena de falsedades de la detención arbitraria de las dos activistas cuando se dirigían a La Habana el 18 de junio de 2024 para realizar su protesta pacífica sentadas en un parque de los días 18 de cada mes, precisa la información.
Juantorena, por su parte, agredió brutalmente a “las intelectuales disidentes después de interceptar el 18 de mayo de 2024 en el punto de control de Bacunayagua el auto de alquiler en que las dos historiadoras viajaban de Matanzas a La Habana”.
Fiscalía pide cuatro años de prisión
La Fiscalía cubana solicitó una sanción de cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para la intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández, acusada de desacato, desobediencia y atentado, tras su detención el 18 de junio de 2024.
Ese día, López Hernández y la antropóloga y también activista Jenny Victoria Pantoja Torres se dirigían a La Habana para participar en una protesta pacífica, cuando fueron interceptadas por la Policía en Matanzas.
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La fiscal del caso, Ana Lilian Caballero Arango, presentó un extenso informe en el que solicita igualmente tres años de sanción sustitutiva para Pantoja, por el delito de atentado.
Además, deben pagar supuestos daños materiales a una oficial de policía: 650 CUP por parte de López Hernández -por la rotura de su uniforme- y 500 CUP de Pantoja por la reposición de extensiones artificiales en el pelo de la agente.
Alina califica el expediente fiscal como un "guion dramático" lleno de falsedades, cuyo objetivo es negar el carácter político del caso.
En un extenso texto publicado en Facebook, la historiadora denuncia que tanto ella como Pantoja fueron víctimas de violencia policial, lo cual derivó en lesiones físicas documentadas médicamente, pero que no se tomaron en cuenta en el proceso.
“Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida...”, relata López Hernández, quien fue diagnosticada luego con laberintitis postraumática. Pantoja, por su parte, sufrió contusiones en el pecho tras ser inmovilizada por la misma agente.
En su declaración, arremete contra el intento de despolitizar el caso: “La fiscal pretende despojar lo ocurrido de su naturaleza política, que es más que evidente y que desnuda a un Estado en el acto de impedir -violencia mediante- el ejercicio de derechos constitucionales”.
Las imputaciones no mencionan en ningún momento que ambas mujeres se dirigían a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En cambio, las describen como protagonistas de una trifulca vial, con versiones que López califica de “inverosímiles” y “absurdas”.
A pesar de gozar de reconocida trayectoria intelectual, las dos enfrentan un proceso judicial que, según denuncian, busca castigar su activismo cívico y enviar un mensaje disuasorio a quienes cuestionan al sistema.
El juicio aún no tiene fecha, pero López ha advertido que en el banquillo “no estaremos nosotras solas: será la Constitución de 2019 la que se siente, una vez más, como acusada”, en alusión a la contradicción entre los derechos que la Carta Magna reconoce y su aplicación práctica bajo una dictadura.
El caso generó reacciones entre activistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera de la Isla, quienes advierten que esa forma de criminalización del disenso vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano.
“Las dictaduras no pueden disfrazarse de democracias, aunque lo intenten”, sentenció López Hernández, dejando clara su postura de resistencia pacífica ante lo que considera un juicio político encubierto.
El juicio contra las dos intelectuales se realizará en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
Esta no será la primera vez que la destacada académica se siente en el banquillo de los acusados.
En noviembre de 2023 fue sometida a juicio por un presunto delito de desobediencia, luego de que en abril de ese año saliera con un cartel al parque central de Matanzas para exigir la liberación del escritor y periodista Jorge Fernández Era.
En el proceso fue hallada culpable y sancionada a pagar una multa.
Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y el caso de Alina Bárbara López
¿Quiénes son Ana Lilian Caballero Arango y María Juantorena Herrera?
Ana Lilian Caballero Arango es la fiscal de Matanzas acusada de solicitar sanciones desproporcionadas para las académicas disidentes Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres. María Juantorena Herrera es una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria involucrada en la agresión a estas intelectuales. Ambas han sido incluidas en la lista de Represores Cubanos por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba debido a su participación en el caso de las activistas.
¿Qué ocurrió en el caso de Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres?
El 18 de junio de 2024, Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres fueron detenidas arbitrariamente por la policía en Matanzas mientras se dirigían a La Habana para participar en una protesta pacífica. La Fiscalía cubana ha solicitado sanciones de trabajo correccional sin internamiento para ambas, basándose en acusaciones de desacato, desobediencia y atentado. Las académicas denuncian que fueron víctimas de violencia policial y que el proceso judicial busca criminalizar su activismo cívico.
¿Por qué el caso de Alina Bárbara López se considera un juicio político?
Alina Bárbara López y otros activistas consideran que el juicio es un intento de despolitizar y criminalizar el disenso al usar el sistema judicial para castigar a los críticos del régimen. Las imputaciones ignoran que las académicas se dirigían a ejercer su derecho a protestar pacíficamente y las presentan como protagonistas de una trifulca vial, lo que se considera una distorsión de los hechos con el fin de silenciar voces opositoras.
¿Cuál es la postura de la comunidad internacional respecto al caso?
El caso ha generado reacciones de activistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Cuba, quienes advierten que la criminalización del disenso vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano. La atención internacional se ha centrado en la necesidad de proteger los derechos humanos en la isla, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y la protección de los activistas.
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