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Anthony Floyd Wainwright, de 54 años, pasará sus últimas horas en el corredor de la muerte este martes 10 de junio. La ejecución por inyección letal está prevista para las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, según la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 9 de mayo. Con su muerte, el estado alcanzará seis ejecuciones en lo que va de 2025, igualando el total de 2023 y superando ampliamente la única registrada en 2024.
Wainwright fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Carmen Gayheart, una joven madre de 23 años atacada en el estacionamiento de un supermercado Winn-Dixie en Lake City, en 1994.
El crimen fue cometido tras la fuga de Wainwright y su cómplice Richard Hamilton de una prisión en Carolina del Norte, lo que desató una ola criminal interestatal que culminó con el asesinato.
La sentencia de muerte fue dictada por un jurado unánime el 12 de junio de 1995, que también lo halló culpable de robo, secuestro y agresión sexual con uso de arma. El juez de la causa, E. Vernon Douglas, consideró que el asesinato fue "fríamente calculado, sin justificación moral ni legal" y que la víctima sufrió un "dolor innecesario y tortura" antes de morir estrangulada y con dos disparos en la cabeza.
Desde entonces, Wainwright presentó múltiples apelaciones a nivel estatal y federal. La Corte Suprema de Florida y posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron todas las mociones, incluyendo su última apelación basada en daños neurológicos provocados por exposición al Agente Naranja antes de nacer, argumento presentado por su defensa como atenuante de su culpabilidad moral.
La defensa argumentó que Wainwright fue víctima de daños cognitivos irreversibles transmitidos por su padre, un veterano de la guerra de Vietnam expuesto al tóxico Agente Naranja. Alegaron que, de haberlo sabido, el jurado podría haber optado por cadena perpetua en lugar de pena de muerte.
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Sin embargo, tanto la jueza del condado de Hamilton como la Corte Suprema estatal desestimaron el argumento, al considerar que sus deficiencias cognitivas no hubieran cambiado el resultado de la sentencia.
En la misiva firmada por el gobernador DeSantis, se detalla que la ejecución podría realizarse entre el 10 y el 17 de junio, y se confirma que no se otorgó clemencia ejecutiva, lo que sella definitivamente el destino de Wainwright.
Florida endurece su mano mientras el país desacelera
El caso Wainwright ocurre en un contexto de reactivación del uso de la pena de muerte en Florida, donde DeSantis ha impulsado leyes más severas que facilitan condenas capitales incluso sin unanimidad del jurado. Esto contrasta con la tendencia nacional, donde cada vez más estados suspenden o eliminan la pena capital.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida pidió a DeSantis que conmutara la pena por cadena perpetua. “Es un castigo severo, pero más humano, que garantiza la seguridad y permite la redención”, dijeron en una carta reciente.
Más allá de la gravedad del crimen, la inminente ejecución de Wainwright vuelve a poner sobre la mesa el dilema ético y judicial de aplicar la pena capital a personas con discapacidades cognitivas, traumas heredados y contextos de abandono.
Para muchos cubanos en EE.UU., especialmente en Florida, este tipo de casos despiertan una mezcla de rechazo al crimen y preocupación por un sistema que parece endurecerse más hacia la muerte que hacia la rehabilitación.
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