En el primer semestre de 2025, la crisis alimentaria en Cuba ha dejado de ser una consecuencia coyuntural para consolidarse como una emergencia humanitaria crónica.
Así lo denunció el Food Monitor Program (FMP), una organización independiente que monitorea la (in)seguridad alimentaria en la isla, en un extenso informe publicado en sus redes sociales bajo el título “El abandono estatal acrecienta el hambre en Cuba”.
Según el FMP, el hambre en Cuba ya no puede explicarse por factores externos o temporales, sino que es reflejo directo de un modelo económico fallido y de un aparato estatal que ha abdicado de su deber más elemental: garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales.
La organización señala que la escasez estructural de alimentos y la pobreza nutricional han dejado de ser excepción para convertirse en norma, afectando a millones de personas en todo el país.
Uno de los ejemplos más simbólicos del colapso, sostiene el FMP, es la libreta de abastecimiento. Lo que durante décadas fue presentado como un instrumento de equidad y seguridad alimentaria, hoy representa apenas un mecanismo de administración del desamparo.
Ya no garantiza acceso a nutrientes básicos, sino que organiza, con apariencia burocrática, una escasez crónica.
El panorama es aún más dramático cuando se observan los datos nutricionales: un hogar cubano promedio de cuatro personas, advierte el FMP, recibe mensualmente cantidades de alimentos que solo cubren entre el 20 % y el 30 % de las calorías diarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
La pobreza calórica, antes excepcional, se ha normalizado y aceptado como parte del paisaje cotidiano.
La alimentación escolar también refleja esta decadencia. El FMP denuncia que lo que se sirve en muchas escuelas del país “no es alimentación, sino humillación”: platos en estado deplorable, sin valor nutricional alguno, que vulneran el desarrollo físico y mental de niñas y niños.
Lejos de ofrecer un entorno seguro para la niñez, las escuelas reproducen las mismas carencias que golpean al resto de la población.
Las denuncias ciudadanas, por su parte, pintan un cuadro aún más desgarrador: alimentos en mal estado, raciones mínimas y la ausencia sistemática de productos esenciales se han vuelto parte del día a día.
Frente a ello, el Estado permanece en silencio o repite un relato de estabilidad que, según la última encuesta del FMP, es desmentido por el 96,91 % de la población, que afirma tener dificultades para acceder a alimentos.
A este colapso se suma la fragilidad del esquema de importaciones: con entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume Cuba provenientes del exterior, la falta de divisas, las infraestructuras deterioradas y los constantes apagones agravan el panorama.
En paralelo, la producción nacional se encuentra prácticamente paralizada. Equipos agrícolas obsoletos, tierras improductivas y políticas que penalizan la iniciativa privada han vaciado el campo y hundido la agricultura, con caídas de hasta un 67 % en los últimos años.
El modelo de tiendas en divisas, impuesto por el gobierno, ha profundizado aún más la desigualdad. Hoy en Cuba, comer de forma digna depende de si se tiene o no acceso a dólares. El hambre se convierte así en una forma de segregación social y económica.
“El hambre no solo deteriora cuerpos”, advierte el FMP en la última parte de su informe. “También rompe vínculos, disuelve proyectos de vida y destruye la confianza pública en el Estado, en las instituciones y en el porvenir”.
Lejos de ser una emergencia pasajera, el hambre en Cuba es hoy una fractura profunda del tejido social. Una fractura que, de no atenderse con responsabilidad y voluntad política, podría seguir ampliándose hasta volverse irreparable.
Anteriormente, FMP alertó que la inseguridad alimentaria en Cuba había dejado de ser una advertencia para convertirse en una realidad cotidiana y alarmante: uno de cada cuatro habitantes ha tenido que irse a la cama sin cenar en los últimos meses.
Según el informe “En Cuba Hay Hambre (2024)”, el estudio se basa en una Encuesta de Seguridad Alimentaria aplicada entre mayo y junio de ese año a 2,703 hogares distribuidos en todas las provincias del país, incluyendo el Municipio Especial Isla de la Juventud.
En datos oficiales analizados por la plataforma elToque, la desnutrición se convirtió en una de las principales causas de muerte, acompañada por el colapso del sistema penitenciario donde, como denunció Cubalex, reclusos han fallecido por hambre extrema y abandono.
La inseguridad alimentaria también se manifiesta en las calles del país. Desmayos por hambre se han reportado en múltiples provincias, afectando a ancianos, jóvenes y mujeres.
Muchos ciudadanos viven con una alimentación reducida a una o dos comidas diarias, y dependen de la solidaridad callejera o la mendicidad. Incluso personas con limitaciones físicas o excombatientes piden ayuda con carteles que dicen “Esto es para comer”, como muestra este testimonio recogido por el Observatorio Cubano Derechos Humanos.
Recientemente, el FMP también alertó que más de 9 millones de personas en Cuba están cocinando hoy en condiciones precarias, insalubres y peligrosas.
La cifra proviene del análisis del último Censo de Población y Viviendas de Cuba y de estudios propios del FMP, que estiman que alrededor de 1,7 millones de hogares usan gas licuado (GLP), otros 2 millones dependen exclusivamente de la electricidad, y unos 220 mil cocinan con gas manufacturado.
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