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El próximo martes 24 de junio, el bioquímico cubano Oscar Casanella comparecerá ante la corte de inmigración en Miami para una audiencia que podría definir el destino de su vida y la de su familia.
Ese día, que también coincide con el cumpleaños de su hijo mayor, se decidirá si las autoridades estadounidenses le conceden el asilo político o lo exponen a una posible deportación a Cuba, donde teme por su integridad física.
“Si me deportan, mi vida corre peligro”, alertó Casanella en una entrevista reciente. No se trata de una simple suposición: durante años fue objeto de vigilancia, represión y amenazas por parte de la Seguridad del Estado cubana.
En 2021, tras pasar casi todo el año en prisión domiciliaria, incomunicado y bajo constante vigilancia, decidió abandonar el país junto a su esposa, entonces embarazada, y su hijo pequeño.
Casanella es un rostro conocido del activismo en Cuba. Fue profesor de Inmunología en la Universidad de La Habana y colaborador cercano de otros opositores, como Ariel Ruiz Urquiola y Gorki Águila. Precisamente su vínculo con el grupo de rock contestatario 'Porno para Ricardo' provocó que la represión en su contra aumentara a partir de 2013.
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El 16 de enero de 2022, cruzó la frontera sur de Estados Unidos por El Paso, Texas, y solicitó protección internacional. Sin embargo, en lugar de recibir un parole —como muchos otros migrantes cubanos— fue liberado con un documento conocido como I-220A, que lo dejó en un limbo legal sin derecho a acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
“No me hicieron una entrevista de miedo creíble. Simplemente me dejaron salir del centro de detención dos días después”, denunció.
Desde entonces, Casanella ha enfrentado un proceso de asilo que se prolonga en el tiempo y que, según su abogada Deliane Quiles, podría extenderse por años.
“Ese día en corte pueden pasar varias cosas. Podría presentarse una moción para desestimar el caso, o el juez podría negarlo, abriendo entonces la puerta a una apelación. Si el caso se procesa bajo deportación expedita, quedaría solicitar una entrevista de miedo creíble”, explicó Quiles.
Mientras tanto, su situación migratoria impide que pueda acceder a ciertos derechos básicos: no puede optar a residencias, becas universitarias o determinados empleos. Tampoco puede salir del país o solicitar créditos para establecerse con su familia. “Este proceso puede tardar 10 años o más. Mi familia y yo estamos atrapados en una incertidumbre constante”, aseguró en entrevista con CiberCuba.
El activista también ha denunciado públicamente la contradicción de que represores cubanos lleguen a Estados Unidos con facilidades migratorias mientras que opositores como él se enfrentan a trabas burocráticas. “Es inadmisible que quienes nos reprimieron estén viviendo en libertad aquí y nosotros, sus víctimas, sigamos desprotegidos”, lamentó.
En una publicación reciente en Facebook, Casanella recordó con angustia cómo fue presionado a salir de Cuba bajo amenaza directa de cárcel: “Me dijeron que tenía 30 días para irme, que si me quedaba, me encerraban en un régimen cerrado. Ya no podían destinar 12 agentes para vigilar mi casa todos los días”.
Además de Cuba, ha sido hostigado por agentes afines al régimen en países como República Dominicana. En 2017, fue interrogado y amenazado en el aeropuerto de Santo Domingo por supuestos funcionarios que le recriminaron sus vínculos con otros activistas.
Ahora, desde el sur de Florida, Casanella cuenta con el apoyo de parte del exilio cubano y espera que la corte de inmigración valore su historial de persecución. “Solo quiero justicia y una oportunidad para rehacer mi vida en libertad con mi familia”, concluyó.
Su caso es un ejemplo de las complejidades del sistema migratorio estadounidense y de los desafíos que enfrentan los verdaderos exiliados cubanos que huyeron tras la represión desatada por el régimen contra los manifestantes de las masivas y espontáneas portestas del 11 de julio de 2021.
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