En una ajustada votación de 3 a 2, la Comisión de Miami aprobó este jueves una ordenanza que pospone las elecciones municipales, originalmente previstas para noviembre de 2025, hasta noviembre de 2026.
Esta medida extiende por un año más los mandatos del alcalde Francis Suárez y de los comisionados Joe Carollo y Christine King, lo cual ha generado una intensa controversia tanto a nivel político como legal.
El comisionado Damián Pardo, promotor principal de la iniciativa, defendió la propuesta argumentando que el cambio “permitirá mayor participación ciudadana y alineará las elecciones con las estatales”.
Pardo dijo, además, que mover las elecciones permitirá ahorrar más de un millón de dólares, según reportó Univision.
Las advertencias legales y el rechazo institucional
Sin embargo, esta medida ha sido duramente cuestionada por varios sectores, en especial por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien advirtió públicamente que la ordenanza podría ser inconstitucional.
En una carta enviada a la Comisión, Uthmeier fue enfático.
“El estado no tolerará tal desviación inconstitucional. Deben detener de inmediato el proceso de promulgación de la ordenanza para cambiar la fecha de las elecciones municipales y los mandatos de los funcionarios electos”, dijo.
El fiscal general apeló, además, al historial democrático de la ciudad.
“Los ciudadanos de Miami merecen y tienen derecho a tomar directamente esta decisión. Hogar de miles de cubanoamericanos patriotas que conocen mejor que la mayoría los regímenes que retrasan displicentemente las elecciones y prolongan sus mandatos en el poder”, añadió Uthmeier en un mensaje con claras implicaciones políticas.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también intervino, calificando en redes sociales la medida de antidemocrática.
“No es correcto que los políticos cancelen elecciones y extiendan mandatos sin aprobación”, alegó.
La defensa del abogado de la ciudad y la respuesta de los comisionados
El abogado de la ciudad, George Wysong, respondió a la misiva del fiscal general asegurando que, desde un punto de vista legal, la medida no infringe las leyes locales, estatales ni condales.
“Las personas razonables pueden discrepar en la interpretación de las leyes. Esa es una de las razones por las que tenemos un poder judicial independiente que dirime los casos o controversias. Esta importante característica de nuestra democracia representativa … nos distingue de regímenes tiránicos, como el mencionado en la carta”, dijo, según Telemundo 51.
Argumentó, además, que “numerosas otras ciudades han hecho exactamente lo mismo”, defendiendo la legalidad del precedente.
Divisiones dentro de la propia comisión
La medida no fue unánime. Los comisionados Joe Carollo y Miguel Ángel Gabela votaron en contra. Gabela, en particular, fue contundente en su rechazo.
“El votante no votó por eso y, a fin de cuentas, simplemente no se ve bien”, dijo.
“Creo que el votante es quien tiene la última palabra sobre esto, el electorado, y creo que debería ser su decisión, y no tengo ningún problema si quieren someter esto a referéndum”, añadió.
Como consecuencia de la creciente tensión, Gabela renunció además a su cargo como presidente del Fondo del Bayfront Park, y se aprobó una moción para transferir la responsabilidad al administrador de la ciudad y al Departamento de Parques y Recreación.
Posibles desafíos legales y consecuencias futuras
Ya se han anunciado posibles demandas contra la medida. Algunos candidatos, como Denise Gálvez-Turros, han anunciado que recurrirán a los tribunales.
“Para parar ese voto en las cortes hemos hablado con los abogados y sabemos que tenemos los requisitos”, afirmó en declaraciones recogidas por Telemundo 51.
Este conflicto abre un complejo panorama legal que podría prolongarse durante meses y marcar un importante precedente sobre el poder de los gobiernos locales para modificar calendarios electorales sin consulta popular.
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