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Dos ciudadanos cubanos fueron arrestados en Estados Unidos por su presunta participación en una sofisticada red de robo de vehículos que operaba a nivel nacional y que habría generado millones de dólares en ganancias ilícitas, según informó este jueves la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.
Los detenidos fueron identificados como Sadiel Noa-Aguila, de 42 años, residente en Pharr, Texas, y Miguel Báez-Echevarría, de 36, con domicilio en Las Vegas, Nevada. Ambos enfrentan cargos federales por la exportación ilegal de vehículos robados, mientras que Báez también ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, un delito que podría acarrearle hasta 20 años de prisión si es hallado culpable.
La investigación, iniciada en 2024 y liderada por el Departamento de Justicia bajo la operación “Recuperemos América”, reveló un esquema delictivo que se extendía por varias ciudades de EE.UU., incluyendo Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Denver, Fort Lauderdale, Houston y Dallas-Fort Worth.
Según la denuncia penal, los integrantes de la red utilizaban dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos y reprogramar sus llaveros, lo que les permitía robar autos de alta gama con gran rapidez.
Luego, les colocaban placas falsas o alteraban los números de identificación vehicular (VIN) antes de revenderlos o enviarlos a México a través de los puertos fronterizos de Hidalgo y El Paso, en Texas.
Uno de los casos más reveladores es el de Noa-Aguila, quien habría intentado exportar a México una GMC Sierra AT4 de 2022, robada en Denver apenas un mes antes.
Los documentos judiciales indican que Báez estaría vinculado al robo de al menos 15 vehículos adicionales, lo que eleva el valor estimado del fraude a varios millones de dólares.
El caso es parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra redes criminales transnacionales. La llamada Operación “Recuperemos América” combina esfuerzos de múltiples agencias como el ICE, el FBI, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y distintas fuerzas locales para frenar delitos como el tráfico de vehículos, armas, drogas y personas.
Ambos acusados comparecerán por separado ante tribunales federales en McAllen (Texas) y Las Vegas (Nevada). Las autoridades han subrayado que se trata de una acusación formal y no una condena, por lo que los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio.
Este caso se suma a una creciente preocupación entre las comunidades migrantes sobre cómo los delitos de alto perfil pueden influir en la percepción pública y en las políticas migratorias. Aunque se trata de hechos individuales, el uso del término “invasión de inmigración ilegal” en los documentos del Departamento de Justicia enciende las alertas entre defensores de derechos civiles y expertos en política migratoria.
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