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La masonería cubana ha denunciado lo que considera una grave intromisión del gobierno en sus asuntos internos, tras una sorpresiva auditoría y un posterior proceso judicial por presunto “tráfico de divisas” contra un asilo que opera gracias a donaciones de hermanos masones en el exterior. La denuncia fue emitida en un documento firmado y aprobado por unanimidad por el Patronato masónico que dirige el asilo “Llansó”.
El informe, al que tuvo acceso CiberCuba, detalla que el pasado 1 de julio una comisión integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia (MINJUS), la Contraloría y el Registro de Asociaciones inspeccionó el asilo sin previo aviso. Durante la visita, los auditores exigieron revisar libros contables, vales y detalles de las divisas donadas por masones fuera del país, quienes financian gran parte del sustento del centro.
“Lo vemos como una violación hacia la autonomía del Patronato y por ende a la Masonería”, señala el documento, subrayando que el dinero auditado no pertenece al Estado y que su uso ha sido exclusivamente para sostener el asilo.
El Patronato considera que esta revisión responde a un intento deliberado de desacreditar a su presidente y afectar la independencia de la institución, que durante años ha brindado asistencia a adultos mayores en situación de vulnerabilidad sin intervención estatal. La inspección habría sido motivada, según los auditores, por una queja aislada sobre el trato a un anciano.
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Sin embargo, la situación escaló el 9 de julio, cuando el director del asilo, hermano Raúl Acosta, fue citado por una teniente coronel del Ministerio del Interior e informado de que enfrentaría un proceso judicial por “tráfico de divisas”, un delito penado con hasta 20 años de cárcel.
Esta nueva arremetida se suma al conflicto institucional que sacude a la masonería cubana desde mayo, cuando cientos de hermanos destituyeron al entonces Gran Maestro Mayker Filema Duarte por intentar perpetuarse en el cargo. Pese a la legalidad de la decisión interna, el Ministerio de Justicia desconoció el proceso, respaldó a Filema y más tarde impuso a un nuevo líder masónico cercano al régimen.
Desde entonces, los masones han sido reprimidos, citados por la policía, expulsados de sus templos y amenazados con la congelación de cuentas si no acataban las imposiciones del Estado. Aun así, han seguido resistiendo, sesionando incluso en la calle, frente a la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, bajo fuerte vigilancia policial.
“Si el gobierno nos quiere dominar, no se lo vamos a permitir”, declaró en su momento el Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares.
Además, sucede apenas 24 horas después de que el propio Ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, asegurara en televisión nacional que el gobierno no se inmiscuía en los asuntos internos de la masonería.
“Es una intromisión hacia nuestro patrimonio privado que nunca se ha utilizado fuera del beneficio del asilo”, reiteran en el texto, alegando que todas las donaciones están justificadas mediante vales, libros contables y la autorización del Patronato.
Una decisión dolorosa: devolver las donaciones
Ante lo que consideran una criminalización injusta de su gestión, el Patronato ha decidido devolver el dinero donado desde marzo de 2024 a la fecha a cada hermano que lo entregó, como forma de evitar nuevas persecuciones y proteger a los beneficiarios del asilo.
“Es una decisión muy difícil que perjudicará a los residentes en el Asilo, pero así será la forma de evitar próximas situaciones desagradables”, lamentan en la declaración.
Además, se aprobó un nuevo protocolo para evitar futuras intromisiones del Estado: las cuentas en divisas solo podrán ser revisadas por masones con autorización expresa del Patronato, el acceso a los libros contables quedará restringido al presidente y contador de la institución, y los alimentos traídos desde el exterior tampoco podrán ser auditados, salvo por razones de salubridad.
La masonería cubana, una de las instituciones civiles más antiguas del país, enfrenta así otra de sus más duras pruebas en medio de un contexto marcado por la crisis económica, el aumento del control estatal y la criminalización de formas independientes de gestión solidaria.
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