La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), anunció que ningún inmigrante en situación irregular podrá acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como los cupones de alimentos o "food stamps".
En buen cubano podría decirse que "se acabó el pan de piquito". La medida afecta a comunidades vulnerables, familias con muy bajos recursos que intentan sobrevivir en Estados Unidos, pero se ven cada vez más presionadas a abandonar el país.
La ley ya prohíbe explícitamente la entrega de estos beneficios a personas sin estatus legal, pero la nueva secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, explicó que se reforzarán las políticas de verificación de identidad y estatus migratorio debido a casos detectados de fraude.
"La generosidad del contribuyente estadounidense ha sido mal utilizada durante demasiado tiempo por interpretaciones erróneas de la ley de reforma de la asistencia social de 1996", afirmó Rollins.
Advirtió que los cambios buscan eliminar “el despilfarro, el fraude y el abuso” dentro de los programas financiados por el USDA y responden al cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14218 firmada por el presidente Trump: “Fin del subsidio del contribuyente a las fronteras abiertas.”
El anuncio fue acompañado por un aviso conjunto de los departamentos de Agricultura, Salud, Trabajo, Justicia y Educación, que aclararon la interpretación del término "beneficio público federal" bajo el amparo de la ley de 1996.
El comunicado oficial señala que esta reinterpretación afecta directamente a los programas administrados por el USDA.
La administración Trump y su reducción de gastos en food stamps
En febrero de 2025, el gobierno de Trump anunció que pretendía prohibir la compra de comida chatarra con los beneficios de SNAP. En ese momento se trataba solo de eliminar productos como bebidas azucaradas, dulces y alimentos ultra-procesados.
En abril, el USDA exigió a las agencias estatales reforzar las verificaciones de identidad e inmigración al evaluar la elegibilidad de los solicitantes de SNAP.
Un mes más tarde las limitaciones escalaron. La administración ordenó que todos los registros asociados con el programa sean compartidos con el gobierno federal para permitir análisis de datos en tiempo real y evitar irregularidades.
La propuesta legislativa, impulsada por los republicanos en la Cámara de Representantes y que forma parte de las promesas de campaña de Donald Trump, endureció los requisitos para los beneficiarios, y limitó el acceso al programa para inmigrantes con estatus legal, incluyendo aquellos bajo asilo y parole humanitario.
Las nuevas medidas son más radicales, están en consonancia con las políticas migratorias de Trump y forman parte de la visión estratégica de Rollins en su primer día completo al frente del Departamento. Asegura que forman parte de un plan de "acciones rápidas para minimizar el fraude y proteger tanto a los participantes como a los contribuyentes".
Vídeos relacionados:
Archivado en: