Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por su implicación en “graves violaciones de los derechos humanos”, en el marco del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, incluye la prohibición de entrada al país tanto para el mandatario como para sus familiares directos.
En una declaración exclusiva al Miami Herald, funcionarios de la administración Trump declararon que las sanciones fueron impuestas bajo una cláusula de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que inhabilita el ingreso al país a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción significativa o abusos a los derechos humanos.
Junto a Díaz-Canel también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como sus respectivos familiares cercanos.
La administración estadounidense sostuvo que estas sanciones forman parte de su compromiso con la rendición de cuentas del régimen cubano por la represión brutal tras las manifestaciones de 2021. “Estados Unidos nunca olvidará la tenacidad del pueblo cubano hace cuatro años mientras exigía libertad y un futuro libre de tiranía”, expresó un alto funcionario al Miami Herald.
Además, se impusieron restricciones de visado a varios funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos no identificados, acusados de ser responsables o cómplices de detenciones arbitrarias y actos de tortura contra los manifestantes del 11J. Por motivos de confidencialidad migratoria, no se dieron a conocer los nombres de los afectados.
Como parte de la ofensiva diplomática, el Departamento de Estado también actualizó su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, añadiendo once nuevos hoteles, incluyendo propiedades de lujo recientemente inauguradas en La Habana, vinculadas al conglomerado militar GAESA.
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Estas sanciones podrían impedir que Díaz-Canel asista a eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, donde ha estado presente en ocasiones anteriores. Su mandato presidencial está previsto que finalice en 2028.
La medida también revive antecedentes similares: en 2019, el expresidente Donald Trump aplicó sanciones comparables a Raúl Castro y sus hijos.
Con esta decisión, Washington refuerza su política de presión contra la cúpula gobernante de Cuba y reitera su condena a la represión sistemática contra opositores, muchos de los cuales aún permanecen encarcelados por su participación en las protestas de julio de 2021.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a Díaz-Canel y su régimen
¿Por qué EE.UU. sancionó a Miguel Díaz-Canel y su familia?
EE.UU. sancionó a Miguel Díaz-Canel por su implicación en graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Las sanciones incluyen la prohibición de entrada al país para él y sus familiares directos. Esta medida es parte del compromiso de EE.UU. con la rendición de cuentas del régimen cubano por la represión de manifestantes y opositores.
¿Qué otras figuras del régimen cubano han sido sancionadas por EE.UU.?
Además de Díaz-Canel, fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto a sus familiares cercanos. Estas sanciones refuerzan la política de presión de EE.UU. sobre la cúpula del régimen cubano por sus acciones represivas.
¿Qué impacto tienen estas sanciones en las relaciones entre EE.UU. y Cuba?
Las sanciones agravan las tensiones entre EE.UU. y Cuba, reforzando el aislamiento del régimen cubano. La política estadounidense busca presionar por cambios en derechos humanos y democracia en la isla, mientras que el gobierno cubano acusa a EE.UU. de injerencia y de intentar desestabilizar el país. Esta dinámica mantiene un clima de fricciones diplomáticas y políticas entre ambos países.
¿Qué medidas adicionales ha tomado EE.UU. para presionar al régimen cubano?
Además de las sanciones personales, EE.UU. ha reforzado el embargo económico y ha actualizado la Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, incluyendo hoteles vinculados a GAESA. También se han impuesto restricciones de visado a funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos, acusados de complicidad en detenciones arbitrarias y torturas. Estas medidas son parte de una estrategia más amplia para debilitar la maquinaria represiva del régimen.
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