Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por su implicación en “graves violaciones de los derechos humanos”, en el marco del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, incluye la prohibición de entrada al país tanto para el mandatario como para sus familiares directos.
En una declaración exclusiva al Miami Herald, funcionarios de la administración Trump declararon que las sanciones fueron impuestas bajo una cláusula de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que inhabilita el ingreso al país a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción significativa o abusos a los derechos humanos.
Junto a Díaz-Canel también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como sus respectivos familiares cercanos.
La administración estadounidense sostuvo que estas sanciones forman parte de su compromiso con la rendición de cuentas del régimen cubano por la represión brutal tras las manifestaciones de 2021. “Estados Unidos nunca olvidará la tenacidad del pueblo cubano hace cuatro años mientras exigía libertad y un futuro libre de tiranía”, expresó un alto funcionario al Miami Herald.
Además, se impusieron restricciones de visado a varios funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos no identificados, acusados de ser responsables o cómplices de detenciones arbitrarias y actos de tortura contra los manifestantes del 11J. Por motivos de confidencialidad migratoria, no se dieron a conocer los nombres de los afectados.
Como parte de la ofensiva diplomática, el Departamento de Estado también actualizó su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, añadiendo once nuevos hoteles, incluyendo propiedades de lujo recientemente inauguradas en La Habana, vinculadas al conglomerado militar GAESA.
Estas sanciones podrían impedir que Díaz-Canel asista a eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, donde ha estado presente en ocasiones anteriores. Su mandato presidencial está previsto que finalice en 2028.
La medida también revive antecedentes similares: en 2019, el expresidente Donald Trump aplicó sanciones comparables a Raúl Castro y sus hijos.
Con esta decisión, Washington refuerza su política de presión contra la cúpula gobernante de Cuba y reitera su condena a la represión sistemática contra opositores, muchos de los cuales aún permanecen encarcelados por su participación en las protestas de julio de 2021.
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