Vídeos relacionados:
El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, reafirmó este viernes el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos en Cuba, tras anunciar la imposición de sanciones contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del régimen.
“Estamos restringiendo las visas de figuras clave del régimen cubano”, escribió Rubio en la red social X, en referencia a Díaz-Canel, al ministro de Defensa Álvaro López Miera y al ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas.
La declaración de Rubio se produce en el marco del cuarto aniversario del levantamiento popular del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y fueron duramente reprimidos.
El Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada a Estados Unidos para los tres funcionarios mencionados, así como para sus familiares directos, por su implicación en graves violaciones de derechos humanos.
Las sanciones se amparan en una disposición de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que impide el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o represión.
Según Rubio, estas acciones buscan responsabilizar a “los cabecillas del régimen” por “su papel en la brutalidad contra el pueblo cubano”.
Además de las restricciones de visado, el Departamento de Estado incluyó a la Torre K, un hotel de lujo recientemente inaugurado en La Habana, y otras 10 propiedades vinculadas al conglomerado militar GAESA, en su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba.
“Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen prodiga dinero a sus infiltrados”, denunció Rubio en su publicación.
Estas sanciones se suman a medidas previas impuestas por Joe Biden, que ya había designado a López Miera y Álvarez Casas por su papel en la represión del 11J. Organizaciones como Justicia 11J han documentado más de 1,500 detenciones vinculadas a las protestas, muchas de ellas seguidas por juicios sumarios y largas condenas.
Mientras tanto, la reacción oficial del gobierno cubano no ha sido difundida, aunque históricamente La Habana ha rechazado este tipo de sanciones calificándolas de injerencistas.
La presión internacional por la situación de los derechos humanos en Cuba sigue creciendo.
Archivado en: