El gobierno de Estados Unidos exigió este viernes al régimen cubano una prueba de vida inmediata del opositor José Daniel Ferrer, quien ha sido víctima de torturas, golpizas, abusos y humillaciones en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
La declaración fue emitida por el Secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X (antes Twitter): “El régimen cubano sigue torturando al activista prodemocrático José Daniel Ferrer. Estados Unidos exige una prueba de vida inmediata y la liberación de todos los presos políticos”.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha recibido golpizas diarias desde el pasado 25 de junio cuando el teniente coronel Vladimir Pineda Guerra “comenzó la brutal golpiza” en su contra, a la que se sumaron el teniente Chacón (segundo al mando); el capitán José Miguel Hechavarría Gorget (jefe de Orden Interior); el mayor Luis Yanez Herrera (jefe de Tratamiento Educativo) y el capitán Liván Laugart Riquelme (jefe de colectivo), según denunciaron familiares.
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha respondido públicamente a esta solicitud de Washington. La isla mantiene su postura de considerar a Ferrer un “agente desestabilizador” financiado desde el exterior, mientras continúa negando las acusaciones de tortura y desaparición.
El pasado 29 de junio, Ferrer inició una huelga de hambre para protestar contra su injusto encarcelamiento y las condiciones infrahumanas que enfrenta en prisión.
La hermana del activista, Ana Belkis Ferrer, explicó que la huelga de hambre fue adelantada por Ferrer, quien tenía previsto comenzarla el 1ro de julio, pero debido al agravamiento de las condiciones carcelarias decidió iniciar su protesta antes.
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Entre los motivos citados para esta acción extrema están los malos tratos, los abusos, el hambre, la falta de atención médica, el suministro de alimentos en estado de descomposición y el agua contaminada, que ha provocado enfermedades entre la población penal.
Desde su más reciente arresto el pasado 29 de abril, ha sido sometido a condiciones de reclusión severas. El régimen revocó su libertad condicional sin ofrecer justificación legal transparente, lo que fue interpretado por observadores internacionales como una represalia política.
El opositor fue trasladado de inmediato a la prisión de Mar Verde para cumplir una sentencia impuesta en 2020 en un proceso calificado como arbitrario por organizaciones defensoras de los derechos humanos. A mediados de mayo, el opositor dijo a su familia que estaba siendo acusado de propaganda contra el orden constitucional y desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel.
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