El régimen cubano informó sobre el decomiso de varios amplificadores ilegales de señal GSM y LTE en el municipio de San José, provincia de Mayabeque, durante una operación ejecutada por la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER).
En una publicación en Facebook, la entidad aseguró que estos dispositivos, prohibidos en Cuba tanto en su uso como en su importación, tienen un “impacto muy negativo” en la recepción de la señal móvil y representan una interferencia directa para las estaciones base (RB) del sistema de telecomunicaciones nacional.
“Hay zonas donde es casi imposible conectarse a Internet y por eso, es necesario el enfrentamiento”, justificó la UPTCER.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la cantidad exacta de equipos decomisados ni sobre las identidades de los infractores, aunque aseguraron que se aplicaron las “medidas correspondientes” y que el operativo debe servir de ejemplo para el resto del país.
UPTCER, en representación del régimen, reiteró que es la única entidad autorizada para aprobar la importación de equipos de informática y comunicaciones, y advirtió que todo dispositivo que haya ingresado al país sin ese visto bueno viola la legislación vigente.
En su mensaje, el organismo agradeció públicamente a las autoridades de Mayabeque, la Oficina Territorial de Control (OTC), la Dirección Técnica local y el Centro de Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctrico por su apoyo en el operativo.
También afirmó que este tipo de acciones protege los esfuerzos de ETECSA y el “bienestar del pueblo”.
El decomiso de amplificadores GSM ilegales en Mayabeque no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sistemática del régimen cubano contra tecnologías de conectividad no controladas.
A inicios de abril, las autoridades anunciaron la incautación de 85 routers y equipos de internet en la Aduana, en una operación que buscaba limitar la entrada de dispositivos capaces de proveer acceso independiente a la red.
El foco represivo se ha intensificado contra la tecnología satelital de Starlink, considerada una amenaza directa al control estatal sobre las telecomunicaciones.
En mayo, la Aduana detectó siete terminales Starlink ocultas en paquetes, lo que encendió las alarmas del aparato de vigilancia tecnológica.
En paralelo, el régimen ha reforzado su retórica legalista, advirtiendo que la instalación de equipos Starlink vulnera al menos cuatro leyes cubanas.
Estas normativas permiten a las autoridades perseguir tanto la posesión como la distribución de estos dispositivos, bajo cargos de seguridad informática y violación del espectro radioeléctrico.
Finalmente, la narrativa oficial ha llegado al punto de vincular estas tecnologías con acciones de “desestabilización externa”, al afirmar que las antenas Starlink forman parte de una supuesta operación encubierta.
Con este argumento, el Estado justifica su ofensiva técnica, legal y propagandística contra cualquier forma de conectividad que escape a su control centralizado.
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