Las autoridades aduanales cubanas incautaron un total de 85 routers en el Aeropuerto Internacional "José Martí", de La Habana, en medio de una persecución contra antenas y repetidores de señales con las cuales los cubanos buscan acceder a internet usando vías alternativas.
Wiliam Pérez González, vicejefe de la Aduana General de Cuba, comunicó este jueves en la red social X que la entrada de los equipos pretendía hacerse de forma "ilegal" y la cantidad de routers evidenciaba que había intenciones de introducirlos en el país para su comercialización.
Ello, continuó, viola "las regulaciones y normas vigentes": "Estas cantidades ponen al descubierto intenciones de ilegalidad".
Sin ofrecer más detalles, el funcionario explicó que a los involucrados se les impusieron "las medidas previstas para estos casos".
También esta semana, la Aduana General de la República frustró el intento de introducir 20 dispositivos satelitales Starlink por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Según Pérez González, los dispositivos llegaron en un vuelo procedente de Estados Unidos.
Aunque no se han ofrecido detalles sobre los responsables del intento ni el destino previsto de los equipos satelitales, las autoridades han amagado con imponer sanciones.
Starlink, un servicio de internet satelital desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX, permite a sus usuarios conectarse desde zonas remotas sin depender de la infraestructura terrestre tradicional.
En el caso cubano, su potencial representa una vía para eludir la conexión controlada exclusivamente por ETECSA, lo que ha despertado el rechazo del régimen, que mantiene estrictas restricciones sobre el acceso libre y sin censura a la red.
El régimen cubano advirtió este miércoles sobre el uso ilegal de antenas de internet, repetidores y hasta el temido Starlink, que amenaza el monopolio de ETECSA en la isla.
El régimen cubano argumenta que el uso de Starlink y otros dispositivos no homologados interfiere con la señal de las radiobases, afectando la calidad del servicio de telefonía y redes móviles en el país, aunque esta postura también responde a intereses de control político y económico.
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