El Tribunal Provincial Popular de Camagüey ya no tendrá una sala especializada en delitos contra la seguridad del Estado. La decisión fue publicada esta semana en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y aunque la medida se presenta como una reorganización técnica por “baja radicación de asuntos”, no deja de generar preguntas teniendo en cuenta que el sistema judicial cubano es una herramienta clave del aparato represivo del Estado.
Según los datos oficiales, entre 2021 y 2024 solo se tramitaron once causas por delitos contra la seguridad del Estado en la provincia —cinco en 2021, dos en 2023 y cuatro en 2024—, lo que llevó al Tribunal Supremo Popular a aprobar la eliminación de esta sala y transferir sus funciones a la Sala Primera de lo Penal.
Pero detrás del lenguaje burocrático de “racionalización de recursos” y “dificultades para completar las plantillas”, el movimiento puede interpretarse como un síntoma: una caída en el número de juicios por motivos políticos en esta región o una reconfiguración en las formas de control y vigilancia por parte del régimen.
Aunque el acuerdo no implica la desaparición de estos delitos del sistema judicial, pues seguirán siendo atendidos por otra sala, sí modifica la estructura institucional dedicada exclusivamente a ese tipo de causas.
Más jueces que juicios
Las salas especializadas en delitos contra la seguridad del Estado han jugado un papel clave en la represión judicial de la disidencia en Cuba. En ellas fueron procesados numerosos manifestantes del 11 de julio de 2021 y otras protestas, así como opositores, activistas, artistas y periodistas independientes.
Acusados de sedición, desacato, desórdenes públicos o propaganda enemiga, muchos de estos ciudadanos enfrentaron condenas severas que, en algunos casos, superaron los 20 años de cárcel.
Lejos de garantizar justicia, estas estructuras han sido vistas por amplios sectores como instrumentos del aparato represivo, encargados de legitimar legalmente la criminalización del disenso político. La supresión de una de estas salas, aunque parcial y localizada, podría interpretarse como una señal de reorganización del control estatal más que como una apertura.
La sala ahora suprimida tenía incluso más personal que casos en algunos años, según reconoce el propio acuerdo. Y si bien se plantea que la plantilla será reorganizada sin despidos ni afectaciones directas a los ciudadanos, también se reconoce una “dificultad para cubrir plazas vacantes”, incluido el puesto de presidente de la Sala Primera de lo Penal.
Este tipo de ajustes en las estructuras judiciales, si bien presentados como reorganizaciones técnicas, podrían reflejar también una falta de recursos humanos en el sistema judicial cubano, así como la creciente presión interna por reducir gastos y optimizar estructuras en medio de una profunda crisis económica.
La Sala Primera de lo Penal, que asumirá ahora las causas por delitos contra la seguridad del Estado en Camagüey y Ciego de Ávila, concentrará aún más poder. A partir de este acuerdo, conocerá no solo de los delitos más graves (con penas superiores a ocho años de prisión), sino también de los casos que antes se trataban como amenazas directas al Estado.
Este reordenamiento podría traducirse en una menor visibilidad pública para los procesos políticos, al diluirlos dentro de la estructura general del sistema penal. Pero también podría implicar una mayor centralización del control judicial, al concentrarse en menos manos la interpretación y aplicación de estos delitos.
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