El régimen cubano solicitó penas de hasta nueve años de cárcel para varios ciudadanos que participaron en noviembre pasado en las manifestaciones pacíficas contra los apagones en el municipio de Encrucijada, Villa Clara, según denunció este viernes la organización de derechos humanos Cubalex.
Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, firmadas por el fiscal Ayrebi Miranda Pérez y a las que tuvo acceso Cubalex, acusan a los manifestantes de "aprovechar la falta de electricidad provocada por la crisis energética para perturbar la tranquilidad ciudadana" con calderos y consignas.
Las seis personas imputadas por el delito de “desórdenes públicos” participaron el 7 de noviembre de 2024 en una protesta pacífica contra los prolongados apagones.
A Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera la fiscalía pide nueve años de prisión.
Por su parte, solicita seis años para José Gabriel Barrenechea Chávez, así como cinco años para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, cuatro años para Yuniesky Lorences Domínguez y cinco años de limitación de libertad para Marcos Daniel Díaz Rodríguez.
Durante las protestas, los imputados realizaron toques de calderos y gritaron frases como “¡Pongan la corriente!” y “¡Queremos corriente!”, en reclamo del restablecimiento del servicio eléctrico.
A pesar de que no se reportaron actos vandálicos, violencia física ni daños a la propiedad, las autoridades presentan estas acciones como evidencia de un intento masivo de alterar el orden público.
En el caso del escritor cubano José Grabiel Barrenechea Chávez, la acusación se fundamenta en que “instó a que las personas no se retiraran del lugar” y en valoraciones personales como su “relación con personas de mala moralidad”, “conducta en redes sociales” y “total desprecio por las normas de convivencia”.
Otros casos destacados incluyen a Andy Pérez Medero y Rasiel Cárdenas Pérez, detenidos en la comunidad de El Purio tras protestas similares.
Ambos continúan encarcelados sin que pese sobre ellos ninguna petición fiscal.
Asimismo, el activista Alejandro Morales Pereira fue arrestado meses después de los hechos, tras exigir la liberación de los manifestantes.
Según Cubalex, su situación es crítica y su vida corre peligro en prisión.
“¿Dónde está el delito? Exigir una vida digna no es un crimen”, señaló Cubalex en su denuncia pública. La organización insiste en que las supuestas pruebas no demuestran violencia, sino el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
En su comunicado, la entidad advierte que el documento de la Fiscalía refleja un intento deliberado de criminalizar el descontento social con sanciones desproporcionadas.
"Es una violación flagrante de los derechos humanos", subraya la organización.
Cubalex exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales, y alerta sobre el patrón creciente de represión judicial contra la protesta pacífica en Cuba.
Las condenas solicitadas por la Fiscalía se suman a una larga lista de casos donde la protesta ciudadana es castigada como si fuera delito común, en un contexto de profunda crisis energética y social en la isla.
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