La organización Represores Cubanos incluyó al fiscal Ayrebi Miranda Pérez en su listado de funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, por su papel en la criminalización de manifestantes que protestaron pacíficamente contra los apagones en el municipio de Encrucijada, Villa Clara.
Miranda Pérez, miembro del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, fue señalado por falta de garantías procesales, prevaricación y persecución por motivos políticos.
Según la documentación difundida en su página web por la plataforma cívica, el fiscal solicitó duras penas de prisión —de entre 4 y 9 años— contra seis ciudadanos que participaron en un cacerolazo el 7 de noviembre de 2024 frente a la sede local del gobierno y del Partido Comunista, exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 48 horas sin electricidad.
La acusación fiscal se basó únicamente en que los manifestantes golpearon calderos y gritaron consignas como "¡Queremos corriente!". Aun así, Miranda Pérez los imputó por el presunto delito de desórdenes públicos, sin aportar elementos que demuestren violencia o daño alguno, lo que ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como un acto de represión política.
Entre los condenados figuran Yandry Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, para quienes se solicitó la pena máxima de nueve años de cárcel. También fueron procesados José Gabriel Barrenechea Chávez, Rodel Rodríguez Espinosa, Marcos Daniel Díaz Rodríguez y Yuniesky Lorences Domínguez, todos residentes del municipio.
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Los hechos ocurrieron en medio de una grave crisis energética que ha desatado protestas en distintas provincias del país. Las autoridades respondieron con cortes de internet, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, según denuncias de organizaciones como Cubalex y Justicia 11J. En el caso de Encrucijada, al menos ocho personas fueron detenidas tras las protestas.
Uno de los arrestados, Alejandro Morales Pereira, fue posteriormente acusado de incitar manifestaciones en redes sociales. Actualmente se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, donde, según denuncias de Cubalex, ha sido víctima de maltratos y abusos, y recientemente intentó suicidarse ante la falta de atención médica y las condiciones inhumanas de reclusión.
La inclusión de Ayrebi Miranda Pérez en la base de datos de represores busca visibilizar y documentar los casos de funcionarios que, desde sus cargos, contribuyen a sostener la represión política en Cuba, amparándose en estructuras judiciales sin garantías.
El caso de José Gabriel Barrenechea: Dolor familiar e injusticia
Uno de los casos más impactantes entre los condenados por las protestas en Encrucijada es el del escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido desde noviembre de 2024 por participar en el cacerolazo pacífico que reprimió Miranda Pérez como fiscal de la dictadura.
Barrenechea Chávez no solo fue privado de su libertad sin garantías procesales, sino que también fue separado de su madre, Zoila Esther Chávez Pérez, de 84 años y enferma de cáncer, quien dependía completamente de él para sobrevivir.
Zoila murió en mayo de 2025 sin poder despedirse de su hijo, tras meses de abandono institucional y deterioro emocional por su ausencia.
Pese a las reiteradas solicitudes familiares y de activistas, el régimen no permitió que Barrenechea Chávez la viera en vida. Solo tras su fallecimiento fue trasladado brevemente, bajo estricta vigilancia, para darle el último adiós. El encuentro duró menos de una hora y fue descrito por testigos como un acto de “crueldad institucional”.
En una carta escrita desde prisión, publicada por medios independientes, Barrenechea Chávez lamentó no haber podido pedir perdón ni recibir la bendición de su madre: “Lo que soy se lo debo al hogar donde nací, y en ese hogar mi mamá era el corazón y el cerebro”.
El caso de Barrenechea es una muestra del impacto devastador que tiene la represión política del régimen sobre las familias cubanas, especialmente cuando se extiende más allá de la celda y alcanza los vínculos más esenciales del ser humano. Un impacto del que también son responsables los ejecutores de la sistemática represión del régimen, como el fiscal Ayrebi Miranda Pérez.
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