En un giro inesperado dentro de su férrea cruzada contra la inmigración irregular, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha lanzado duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusándolo de “robarle” personal a los departamentos de policía del estado con bonos de contratación de hasta 50,000 dólares.
Durante una aparición en Orlando el pasado viernes, DeSantis expresó su molestia tras conocer que ICE está enviando correos de reclutamiento a agentes locales recientemente entrenados para labores migratorias, como parte de un esfuerzo federal por ampliar su plantilla con fondos del “One Big Beautiful Bill Act”, firmado por Donald Trump.
“¿Por qué tienen que venir a buscar a nuestros agentes que ya están en la pelea?”, se quejó el gobernador. “Solo están cambiándoles la camiseta”, informó la estación miembro de National Public Radio en el área de Tampa Bay, WUSF.
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, fue uno de los primeros en denunciar públicamente la maniobra de ICE. “Estamos recibiendo correos ofreciendo bonos y beneficios. ¿Así nos agradecen por ayudarles a hacer su trabajo?”, dijo indignado.
Judd apuntó directamente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien exigió una disculpa pública. “Que se ponga los pantalones y haga lo correcto”, soltó.
La molestia se extiende a otros condados como Pinellas, donde el sheriff Bob Gualtieri también confirmó la ofensiva de reclutamiento. “Es una traición. ICE está usando nuestra colaboración para quitarle personal a nuestras agencias”, denunció su oficina.
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Florida, el epicentro de la maquinaria migratoria
La tensión ocurre en un contexto donde Florida se ha convertido en el epicentro de la ofensiva migratoria estadounidense. Con más de 10,800 arrestos realizados por ICE en lo que va de 2025, el estado lidera los acuerdos de colaboración 287(g), que permiten a policías actuar como agentes migratorios.
En total, 295 agencias locales, el 43% del total nacional, participan activamente en estas operaciones, muchas veces en barrios latinos y centros de trabajo.
Ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville encabezan la lista de zonas con más detenciones. Y en este contexto, la pérdida de personal entrenado genera inquietud, porque los agentes que ICE pretende reclutar son los mismos que fueron preparados para actuar contra migrantes en sus comunidades locales.
Mientras el gobernador presume de convertir a Florida en el estado más duro contra la inmigración irregular, con leyes que criminalizan a indocumentados, refuerzan E-Verify y habilitan detenciones incluso sin historial penal, la agencia federal avanza con su propio plan de expansión.
El propio DeSantis dijo que “esto no es mi política. Viene de ICE. Así que, si no están de acuerdo, alcen la voz”. Un mensaje directo a los sheriffs del estado, pero también una señal de fractura en el frente conservador.
El impacto humano: más redadas, más temor
Mientras las autoridades se pelean por personal y protagonismo, el saldo humano crece. Según el Deportation Data Project, al menos el 36% de los detenidos en Florida no tiene antecedentes penales, y cientos han sido arrestados en sus trabajos o en la vía pública. Las denuncias por separación de familias, deportaciones exprés y condiciones cuestionables en centros como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades, se multiplican.
En comunidades donde muchos migrantes, incluidos cubanos, llevan años construyendo una vida, el temor es palpable. Y ahora, la misma red de colaboración entre policías y ICE que puso a miles en riesgo, enfrenta una crisis interna que podría dejar un sistema aún más agresivo.
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