El Departamento de Estado de Estados Unidos implementará a partir del 20 de agosto un programa piloto de 12 meses que permitirá exigir fianzas de entre 5,000 y 15,000 dólares a ciertos solicitantes de visas de turismo o negocios.
Según informó la agencia AP, la medida se aplicará a personas provenientes de países con altas tasas de permanencia ilegal o con sistemas internos de control documental considerados deficientes.
El objetivo, según el aviso que será publicado en el Registro Federal, es proteger al gobierno estadounidense de asumir responsabilidades financieras si un visitante no cumple las condiciones de su visa.
El programa no afectará a los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver), que permite estancias de hasta 90 días sin visa formal para fines de turismo o negocios.
Las autoridades consulares podrán aplicar discrecionalmente las fianzas, aunque en la mayoría de los casos se espera que impongan al menos 10,000 dólares, según reveló un documento citado por Reuters, que también precisó que los fondos serán devueltos si el visitante abandona el país dentro del plazo autorizado.
La iniciativa se enmarca en un nuevo endurecimiento de las políticas migratorias bajo el mandato de Donald Trump, quien ha hecho de la reducción de la inmigración ilegal una prioridad.
La semana pasada, el Departamento de Estado también anunció que muchos solicitantes de renovación de visas deberán presentarse a entrevistas adicionales en persona, algo que no se exigía anteriormente.
Además, los solicitantes de la Lotería de Visas de Diversidad deberán presentar pasaportes válidos emitidos por el país de su ciudadanía, como parte de las nuevas exigencias del proceso.
Reuters recordó que una versión anterior de este programa fue lanzada a finales de 2020, durante el primer mandato de Trump, pero no llegó a implementarse completamente debido al desplome del turismo global durante la pandemia.
Aunque aún no se ha divulgado la lista de países a los que se aplicará la medida, datos recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señalan que numerosos países africanos —entre ellos Chad, Eritrea, Burundi y Togo— figuran entre los de mayor tasa de sobreestadía.
Además, una disposición incluida en un paquete de gasto aprobado en el Congreso estadounidense en julio impone una tarifa adicional de “integridad de visa” de 250 dólares a solicitantes aprobados para visas no inmigrantes.
Esta tarifa entrará en vigor el 1 de octubre y podría ser reembolsada si se cumplen las condiciones de salida del país.
Según la U.S. Travel Association, citado por Reuters, esta política podría convertir a EE. UU. en uno de los países con los visados más costosos del mundo.
Esta nueva exigencia de fianzas se suma a otras medidas restrictivas impulsadas por las autoridades migratorias de EE.UU. en las últimas semanas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que endurecerá el examen de ciudadanía, incorporando preguntas más complejas y evaluaciones que podrían dificultar la naturalización de muchos inmigrantes.
Además, el gobierno estadounidense informó que el costo de la visa de inmigrante se duplicará a partir de octubre, lo cual representa una nueva barrera económica para quienes buscan establecerse legalmente en el país.
En paralelo, las autoridades han emitido una advertencia dirigida a personas con visa vigente, recordándoles que cualquier incumplimiento, incluso menor, en los términos de su estatus migratorio puede derivar en cancelación inmediata de la visa y posibles sanciones futuras.
Estas decisiones reflejan una tendencia clara: reforzar los filtros de entrada y permanencia legal en EE.UU., incluso para quienes ya poseen visado aprobado.
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