Una exempleada del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida, describió el lugar como “una perrera sobredimensionada” y denunció condiciones “inhumanas” en el trato a los detenidos.
“Es inhumana la forma en que mantienen a sus residentes”, afirmó Lindsey, quien trabajó durante una semana en la instalación antes de ser despedida tras contraer COVID.
“No tienen luz solar. No hay un reloj. Ni siquiera saben qué hora del día es. No tienen acceso a duchas. Se duchan cada dos días o cada cuatro días”, relató.
“Pensé que mejoraría. Pero simplemente nunca lo hizo”
Lindsey ingresó al centro el 6 de julio, según documentos que compartió con Telemundo 51 y NBC6.
Fue contratada por GardaWorld Federal Services, una empresa de seguridad que administra el sitio bajo contrato con el estado de Florida.
En teoría, su trabajo como “oficial de correcciones” consistía en turnos de cinco días con dos de descanso y un pago de 26 dólares por hora, según una publicación en LinkedIn. Pero desde el inicio, supo que algo no estaba bien.
“Cuando llegué, fue abrumador”, contó.
“Pensé que mejoraría. Pero simplemente nunca lo hizo”.
Su alojamiento consistía en un remolque compartido. “Teníamos que usar baños portátiles. No teníamos agua caliente la mitad del tiempo. Nuestros baños estaban atascados”, detalló.
Sin embargo, las condiciones que más la impactaron no fueron las suyas, sino las de los cientos de inmigrantes detenidos dentro del centro.
Cientos en jaulas sin luz ni higiene
“Allí todo parece una perrera sobredimensionada”, repitió Lindsey.
Cada una de las tiendas donde se mantiene a los detenidos, explicó, cuenta con ocho jaulas grandes, y cada jaula alberga entre 35 y 38 personas.
Es decir, cerca de 300 personas por tienda, muchas de ellas sin antecedentes penales. “No todos allí son criminales”, advirtió Lindsey.
“Los baños están atascados porque hay tanta gente usándolos”, agregó.
Dijo también que en días de lluvia el agua entra directamente a las tiendas, y que la constante humedad, el hacinamiento y los mosquitos forman parte del día a día.
“Las condiciones son miserables”, subrayó.
“Estas personas siguen siendo humanas. Los sacaron de su medio de vida. Están asustados. No hablan nuestro idioma”, añadió.
Despido, acusaciones y falta de pago
Poco después de enfermarse con COVID, Lindsey fue despedida. La acusaron de “alterar documentos médicos presentados a la empresa”, algo que ella niega tajantemente. “Me despidieron. Y sí, estoy enfadada. Pero más que nada, están haciendo mal”, afirmó.
También denunció que nunca recibió pago por su trabajo. GardaWorld, al ser consultada por los medios, se negó a responder sobre su caso y remitió las preguntas a las autoridades estatales.
La División de Manejo de Emergencias de Florida, responsable del sitio, también evadió responder y ha negado previamente las acusaciones sobre condiciones inadecuadas.
72% sin antecedentes penales
Las declaraciones de Lindsey coinciden con las preocupaciones expresadas por activistas, familiares y otros exempleados. Un informe reciente de Human Rights Watch concluyó que casi el 72% de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen antecedentes penales.
El sitio web del Departamento de Servicios Financieros de Florida revela que GardaWorld Federal Services recibió un contrato de casi 38 millones de dólares para brindar personal al centro. El contrato se ejecutó el 2 de agosto.
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