LA Fitness, la cadena privada más grande de gimnasios y clubes en Estados Unidos, con más de 700 ubicaciones en todo el país, enfrenta una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que los acusa de dificultar excesivamente la cancelación de membresías.
La denuncia de la FTC cita a miles de clientes que habrían sufrido obstáculos y cobros recurrentes al intentar cancelar sus servicios. El proceso de salida, calificado como “opaco y complicado”, ha generado quejas en ciudades como Miami y otras partes de Florida, donde la compañía tiene fuerte presencia.
Los operadores involucrados, Fitness International, LLC y Fitness & Sports Clubs, LLC, también administran otras marcas como Esporta Fitness, City Sports Club y Club Studio, con una base total de 3.7 millones de miembros.
La FTC indica que al intentar cancelar la membresía los usuarios deben imprimir un formulario desde el sitio web y proporcionar datos que a menudo no recuerdan con facilidad.
Además, quienes acuden a cancelar en persona enfrentan horarios restringidos de atención al público o deben ser recibidos por un gerente, lo cual complica aún más el proceso.
Cancelar por correo tampoco es sencillo. La agencia señala que implica costos adicionales y que muchos consumidores continuaron recibiendo cargos después de solicitar la baja, incluso cuando intentaron bloquear los pagos desde su banco o tarjeta. La empresa, según la FTC, volvió a cargar montos usando nuevos números de cuenta.
“Es una situación que demasiados estadounidenses han vivido. Una membresía de gimnasio que parece imposible de cancelar”, explicó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor a Telemundo 51.
Jill Hill, presidenta de operaciones de clubes en Fitness International, negó las acusaciones y aseguró que cumplen con la norma “click-to-cancel”, al ofrecer cancelación en línea con pocos clics.
Las membresías van desde 30 hasta 299 dólares al mes, sin contar cargos anuales ni servicios adicionales. Para miles de usuarios en el sur de la Florida, y en otros estados, este proceso ha resultado en una pesadilla administrativa y financiera.
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