El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, lanzó una advertencia contundente a las compañías que intenten hacer negocios con el régimen cubano, asegurando que no permitirá que se lucren a costa del sufrimiento del pueblo de la isla.
En una declaración oficial, Fernández recordó que la ley de Florida es clara y dice que cualquier empresa vinculada con La Habana puede perder sus licencias locales y ser obligada a cerrar operaciones en el condado.
“No vamos a permitir que los cómplices de la dictadura comunista asesina operen libremente aquí”, afirmó, tras prometer acciones inmediatas contra los infractores.
El funcionario, cubanoamericano que emigró junto a su familia en los años 90, aseguró que enviará cartas a las compañías señaladas y que trabajará con las autoridades locales y estatales para “cerrar estos negocios en cualquier parte del condado de Miami-Dade”.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar respaldó la declaración de Fernández y pidió al Departamento de Estado y al Tesoro que investiguen a las compañías que, presuntamente, buscan evadir las sanciones contra Cuba.
“Cada dólar que entra en La Habana fortalece a los asesinos dictadores y debilita la política de Estados Unidos”, escribió la legisladora en su cuenta de X, donde advirtió que el abuso “se acabó” y prometió consecuencias reales para las empresas que comercien con el régimen.
Salazar ya había solicitado formalmente a las agencias federales investigar a compañías del sur de Florida dedicadas a turismo, logística, entregas a la isla y venta de autos, sospechosas de facilitar recursos económicos a La Habana.
Contexto de mayores presiones
El pronunciamiento llega semanas después de que el Departamento de Estado advirtiera a los inversores extranjeros que Cuba “no está abierta a los negocios”, sino “amañada para beneficiar a los compinches del régimen”.
Washington denunció además corrupción, impagos y manipulación del mercado por parte del gobierno cubano, mientras el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado de la élite militar cubana, mantiene el control absoluto de la economía.
En este escenario, la ofensiva de Miami-Dade se suma a la presión política y social de la comunidad exiliada, que ha denunciado reiteradamente que empresas radicadas en Estados Unidos podrían estar utilizando intermediarios para burlar las sanciones y sostener a la dictadura.
Voz del exilio
Fernández, que se define como un “emigrante cubano que conoce de primera mano el dolor y sufrimiento que esta dictadura ha infligido”, aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que “ningún negocio que se beneficie del dolor del pueblo cubano opere en Miami-Dade”.
Con esta declaración, la política local del sur de la Florida se coloca en sintonía con las demandas del exilio, que reclama acciones firmes contra quienes faciliten recursos al régimen, en un momento de crisis económica y social en la isla.
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