El congresista republicano Carlos Giménez y el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, protagonizaron un encuentro donde reafirmaron su compromiso de frenar cualquier vínculo económico con el régimen cubano desde el sur de la Florida.
En un video divulgado en Instagram por el periodista de Univisión Javier Díaz, Giménez felicitó al funcionario local por los pasos emprendidos para sancionar a las compañías que, según denuncian, operan ilegalmente en Cuba mientras mantienen negocios en Estados Unidos.
“Estamos hablando (...) sobre los recursos que él está haciendo para asegurar que todas esas compañías que están operando ilegalmente en negocios en Cuba, ya dejen de operar aquí”, dijo el congresista, quien subrayó que el objetivo es hacer cumplir las leyes federales que, por años, algunos “se han estado burlando”.
Fernández, que días atrás lanzó una advertencia pública a las empresas que comercien con La Habana, insistió en que ha llegado la hora de poner límites. “Es importante dejarle claro a todos aquellos que de alguna manera están siempre manteniendo a esa dictadura que llegó el momento de decirle basta aquí en el sur de la Florida”, apuntó.
En su declaración oficial, el recaudador recordó que la ley de Florida es clara, señalando que cualquier compañía que colabore con el régimen puede perder sus licencias locales y ser obligada a cerrar operaciones en el condado.
También adelantó que enviará cartas a las empresas señaladas y que coordinará con autoridades estatales y federales para aplicar sanciones inmediatas.
La congresista María Elvira Salazar respaldó públicamente la ofensiva, al pedir al Departamento de Estado y al Tesoro investigar a firmas sospechosas de evadir sanciones a través de negocios de turismo, logística, ventas de autos y entregas a la isla.
“Cada dólar que entra en La Habana fortalece a los asesinos dictadores”, advirtió la legisladora en sus redes sociales.
Este endurecimiento del discurso ocurre en un contexto de mayores presiones desde Washington, donde el Departamento de Estado advirtió recientemente que Cuba “no está abierta a los negocios”, sino amañada para beneficiar a la élite militar agrupada en el conglomerado GAESA.
Para Fernández, emigrante cubano que llegó en los años 90, la lucha es personal. “Ningún negocio que se beneficie del dolor del pueblo cubano operará en Miami-Dade”, declaró.
La postura conecta con una parte del exilio que reclama medidas duras contra quienes sostienen económicamente a La Habana, en medio de la crisis económica y social que golpea a la isla.
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