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Un juez federal de Washington, D.C., bloqueó temporalmente una nueva medida de la administración del presidente Donald Trump que buscaba mantener detenidos a los menores migrantes una vez cumplidos los 18 años, lo que suponía su traslado automático a centros de detención para adultos.
La decisión judicial representa un revés significativo a una de las políticas más controversiales impulsadas por Trump en su regreso a la Casa Blanca, centrada en endurecer el tratamiento hacia los menores que cruzan la frontera sin compañía de un adulto.
Orden de restricción inmediata
El juez federal Rudolph Contreras emitió una orden de restricción temporal este sábado, que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proceder con estos traslados automáticos.
La medida estaba programada para comenzar el mismo fin de semana, según advirtieron defensores de los derechos de los inmigrantes.
La decisión se basa en una orden previa, también emitida por Contreras en 2021, que prohíbe la detención sistemática de jóvenes migrantes en instalaciones para adultos tras cumplir la mayoría de edad.
Según esa normativa, los jóvenes deben ser trasladados al “entorno menos restrictivo disponible”, siempre que no representen un peligro para sí mismos, para otros, ni exista riesgo de fuga.
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“Todas estas son partes de la misma política general para coaccionar a los jóvenes inmigrantes para que renuncien a su derecho a buscar protección en Estados Unidos”, afirmó Michelle Lapointe, abogada del American Immigration Council, uno de los grupos demandantes que solicitó la intervención judicial de emergencia.
Niños detenidos, liberaciones bloqueadas
Los menores no acompañados son gestionados inicialmente por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que no pertenece al ICE.
Según denunciaron abogados defensores, durante los últimos días los refugios comenzaron a recibir comunicaciones del ICE en las que se les indicaba que los menores cercanos a cumplir los 18 años -incluso aquellos con liberación previamente aprobada- ya no serían puestos en libertad, sino trasladados a instalaciones de detención para adultos.
El ICE respondió que los ahora adultos solo podrían ser liberados caso por caso bajo su autoridad de libertad condicional, y únicamente por “razones humanitarias urgentes” o si existía un “beneficio público significativo”.
Sin embargo, entre marzo y septiembre, la agencia solo otorgó esta libertad condicional a menos de 500 personas.
Los demandantes aseguran que “la libertad condicional es prácticamente letra muerta”, y alertaron que los jóvenes sometidos a detención innecesaria e inapropiada sufrirían daños psicológicos duraderos, sobre todo en cárceles superpobladas o en zonas remotas.
Muchos de los menores afectados han sido víctimas de tráfico, abuso, negligencia o abandono en sus países de origen.
La decisión judicial busca proteger a esta población particularmente vulnerable de un sistema que, según sus defensores, prioriza la disuasión por encima de la protección de derechos fundamentales.
Rechazo judicial a una política más amplia
El caso se enmarca en una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para limitar el ingreso y permanencia de menores no acompañados en el país.
La semana anterior, otro juez federal bloqueó un intento del gobierno de deportar inmediatamente a niños migrantes guatemaltecos. Según AP, algunos ya habían sido subidos a aviones durante una operación nocturna antes de que la justicia interviniera.
En paralelo, el gobierno ha ofrecido 2,500 dólares a menores migrantes de 14 años o más como incentivo para que regresen voluntariamente a sus países de origen, lo que ha generado nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos.
Desde octubre de 2021, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han detenido en más de 400,000 ocasiones a niños que ingresaron al país sin acompañamiento.
Los tiempos de estancia en los refugios también han aumentado significativamente desde que Trump retomó el poder.
En julio, la duración promedio fue de 171 días, muy por encima de los 37 días registrados en enero, cuando inició su segundo mandato. En abril, incluso, se alcanzó un pico de 217 días, según reseñó la citada agencia de prensa.
Este aumento se debe al endurecimiento de los controles antes de permitir la liberación de los menores con familiares. Las medidas incluyen huellas dactilares, pruebas de ADN, visitas domiciliarias y arrestos a padres por parte de agentes de inmigración.
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