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El gobierno de Donald Trump ha lanzado una nueva política migratoria que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en inmigración infantil: ofrecer 2,500 dólares a menores migrantes no acompañados para que abandonen voluntariamente Estados Unidos.
La medida, considerada sin precedentes por su enfoque hacia niños y adolescentes vulnerables, fue comunicada a través de un memorando oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), al que accedieron medios como NBC News y CNN.
La propuesta, que supuestamente comenzó a circular como rumor en redes sociales, fue confirmada posteriormente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la ha definido como una “opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias”.
Sin embargo, organizaciones de apoyo a la infancia y la inmigración han denunciado que, más allá del lenguaje oficial, la iniciativa podría representar una forma de coerción velada hacia niños que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
¿En qué consiste el plan?
Según el memorando, la política está dirigida a niños migrantes no acompañados mayores de 14 años que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), perteneciente al HHS.
El incentivo económico de 2,500 dólaresse entregaría solo después de que un juez de inmigración apruebe la salida voluntaria y el menor llegue efectivamente a su país de origen.
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El aviso fue enviado a abogados y proveedores de servicios legales de todo el país, y señala que el beneficio busca “apoyar los esfuerzos de reintegración tras las salidas”.
Un portavoz de ICE confirmó a CNN que se trata de una medida que pretende “ofrecer a los menores no acompañados la posibilidad de elegir y tomar una decisión informada sobre su futuro”.
La agencia también negó que se esté utilizando el nombre "Operación Freaky Friday", como han denunciado activistas y abogados.
No obstante, según Univisión, para acceder al incentivo los menores deben firmar el formulario I-210, lo que implica renunciar a su derecho a audiencias de remoción y a solicitar protección bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA).
Esta ley otorga protecciones especiales a niños migrantes no acompañados, como el derecho a ser evaluados por posibles situaciones de trata o violencia.
Acusaciones de presión y manipulación
La estrategia ha sido interpretada por muchos como una forma de presionar a los menores para que renuncien a sus derechos sin un proceso legal completo.
“No existe ninguna razón legítima para que el gobierno proporcione afirmativamente esta opción a los niños e incentive la misma con una recompensa financiera”, denunció Neha Desai, directora del Centro Nacional para el Derecho Juvenil.
Charles Kuck, abogado de inmigración, reveló que ICE ha estado enviando cartas a los menores con advertencias de que podrían ser detenidos indefinidamente al cumplir los 18 años si no aceptan la oferta.
Además, Bilal Askaryar, del Centro Acacia para la Justicia, denunció que agentes de ICE han visitado refugios donde residen menores para hacerles la propuesta, en algunos casos sin la presencia de abogados o representantes legales, lo que podría configurar escenarios de coacción emocional o intimidación.
“Los menores no acompañados nunca deben ser expulsados de Estados Unidos sin un proceso completo y justo para determinar si son elegibles para la protección estadounidense”, alertó Wendy Young, directora de Kids in Need of Defense (KIND).
Añadió que esta política “socava las leyes que garantizan ese proceso y contradice el compromiso histórico de nuestra nación de proteger a los más vulnerables”.
El contexto: Migración infantil bajo presión
Durante el gobierno de Trump, el foco sobre los menores migrantes no acompañados se ha intensificado.
A principios de este año, según reportes de CNN, se intentó deportar rápidamente a decenas de niños guatemaltecos sin notificar previamente a sus padres.
Algunos progenitores, desde Guatemala, afirmaron no tener conocimiento de la deportación de sus hijos y expresaron temor por su seguridad si regresaban.
ICE ha sostenido que estas medidas representan una alternativa más económica frente al alto costo de detención y deportación tradicional.
Ya bajo programas previos, se ofrecieron 1,000 dolares a adultos indocumentados para abandonar el país. La iniciativa hacia menores sería una extensión de esa lógica de ahorro estatal, ahora aplicada a niños.
Sin embargo, los expertos han advertido que la propuesta implica riesgos éticos y legales mucho más profundos cuando se trata de menores.
Vanessa Dojaquez-Torres, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, afirmó: “Ya es bastante grave usar estas tácticas con adultos para incentivarlos a autodeportarse, pero intentar usarlas con niños es una preocupación aún mayor”.
La propuesta también ha causado inquietud en comunidades migrantes en Estados Unidos. Roxana Cortés-Mills, directora del Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados en Nebraska, relató que recibió llamadas de escuelas rurales preguntando si debían advertir a los padres sobre posibles detenciones. “Esta es la primera vez en mis nueve años de trabajo con niños no acompañados que escucho este tipo de oferta”, afirmó.
En Houston, Dalia Castillo-Granados, directora de la Academia de Derecho de Inmigración Infantil, subrayó que ofrecer dinero a menores en situación vulnerable “genera mucha preocupación”.
Según datos del propio HHS, en agosto había 2,011 menores bajo custodia federal, aunque durante el gobierno de Biden se registraron cifras récord: más de 300.000 niños ingresaron solos al país antes de ser entregados a familiares o patrocinadores.
Los defensores de los derechos de los migrantes señalan que este tipo de política podría debilitar seriamente las protecciones establecidas por la TVPRA, especialmente para aquellos menores procedentes de países como Honduras, El Salvador o Guatemala, donde la violencia, el reclutamiento forzado y la trata de personas son amenazas constantes.
Generalmente, los menores no acompañados son transferidos a la custodia del HHS, donde esperan ser ubicados con un patrocinador. Solo en casos excepcionales se les ofrece la opción de salida voluntaria, y siempre bajo estricta supervisión judicial.
La nueva iniciativa invierte ese protocolo al ofrecer proactivamente la salida voluntaria como una “solución rápida” acompañada de un incentivo económico, lo que para muchos expertos abre la puerta a abusos, manipulaciones y renuncias precipitadas a protecciones legales.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de Trump y los incentivos económicos para menores indocumentados
¿En qué consiste la nueva política migratoria de Trump para menores indocumentados?
La política ofrece 2,500 dólares a menores migrantes no acompañados para que abandonen voluntariamente Estados Unidos. Esta medida está dirigida a niños mayores de 14 años bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y se implementa solo tras la aprobación de un juez de inmigración. El incentivo busca apoyar la reintegración de los menores en sus países de origen, pero ha generado críticas por su posible carácter coercitivo.
¿Qué implicaciones legales tiene el aceptar el incentivo económico para salir de EE.UU.?
Los menores que acepten el incentivo deben firmar el formulario I-210, renunciando a sus derechos a audiencias de remoción y protección bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA). Esta ley proporciona protecciones especiales a niños migrantes no acompañados, como evaluaciones para detectar situaciones de trata o violencia. La renuncia a estos derechos ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como una forma de presión hacia los menores.
¿Cuál es la postura de organizaciones defensoras de derechos respecto a esta medida?
Organizaciones de apoyo a la infancia y la inmigración consideran la medida como una forma de presión hacia menores vulnerables para que renuncien a sus derechos sin un proceso legal completo. Denuncian que no hay una razón legítima para ofrecer esta opción a los niños, y destacan que estas políticas socavan las protecciones legales establecidas por la TVPRA, además de contradecir el compromiso histórico de Estados Unidos de proteger a los más vulnerables.
¿Cómo se relaciona esta política con el "Proyecto de Regreso a Casa" de Trump?
El "Proyecto de Regreso a Casa" es una iniciativa más amplia del gobierno de Trump que ofrece incentivos económicos para que inmigrantes indocumentados abandonen voluntariamente EE.UU. Bajo esta política, adultos indocumentados pueden recibir 1,000 dólares y un boleto de avión gratuito si deciden autodeportarse. La medida para menores es una extensión de esta lógica de ahorro estatal, aplicada ahora a niños, lo que ha generado preocupaciones éticas y legales, especialmente cuando se trata de menores no acompañados.
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