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La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 migrantes venezolanos.
La resolución, emitida en forma de orden de emergencia, suspende de manera inmediata un fallo previo de un tribunal federal que había frenado la eliminación de estas protecciones.
El dictamen, que dividió al alto tribunal según líneas ideológicas, representa un duro golpe para cientos de miles de venezolanos que habían encontrado en el TPS una vía de salvaguarda frente a la inestabilidad política, económica y humanitaria de su país de origen.
La Corte, dominada por una mayoría conservadora, no ofreció justificación detallada, como es habitual en este tipo de apelaciones extraordinarias.
No obstante, en su orden no firmada afirmó que “la misma decisión que tomamos en mayo es apropiada aquí”, haciendo referencia a un fallo previo que ya había permitido al Ejecutivo suspender parcialmente estas protecciones.
¿Qué es el TPS y por qué está en juego?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo legal creado por el Congreso en 1990 que permite al gobierno federal otorgar protección temporal a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que imposibilitan su retorno en condiciones seguras.
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Este beneficio permite a los amparados vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por periodos renovables de 18 meses.
Venezuela fue designada para TPS en marzo de 2021 bajo el gobierno de Joe Biden, en reconocimiento a lo que Washington describió entonces como “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental”.
La protección fue renovada nuevamente en 2023, apenas dos semanas antes de que Trump asumiera nuevamente el cargo.
Sin embargo, el 2025 ha traído un cambio radical de rumbo. A instancias de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, el gobierno republicano anunció la cancelación de esa protección.
Esta decisión fue cuestionada en tribunales por una coalición de migrantes y organizaciones legales, que argumentaron que el proceso fue apresurado, arbitrario y motivado por consideraciones políticas y raciales.
La intervención de los tribunales inferiores
El caso comenzó a escalar judicialmente luego de que el juez federal Edward Chen, en San Francisco, dictaminara que el gobierno había actuado de manera ilegal y sin fundamento técnico al revocar el TPS.
Según el magistrado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había actuado: “Con una prisa sin precedentes y de una manera sin precedentes... con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela”.
Esta conclusión fue respaldada por un panel unánime de tres jueces de apelación, entre ellos la jueza Kim Wardlaw, quien escribió: “El DHS tomó sus decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después”.
A raíz de estos hallazgos, Chen emitió una orden para bloquear temporalmente la cancelación del TPS, lo que permitió que miles de migrantes conservaran sus permisos de trabajo y residencia.
No obstante, el gobierno de Trump recurrió a la Corte Suprema para revertir esta medida, y lo logró.
La Corte Suprema da luz verde a la revocación
Este viernes, los jueces del máximo tribunal decidieron aceptar la solicitud del gobierno y levantar la orden de protección emitida por Chen, tal como había sucedido en un caso paralelo en mayo, que afectó a unos 350,000 venezolanos cuyas protecciones ya habían expirado.
En esta ocasión, la Corte Suprema permitió explícitamente que el gobierno proceda con la terminación del TPS para más de 300,000 venezolanos adicionales, a pesar de que el litigio principal aún está sin resolverse.
En total, cerca de 600,000 personas podrían verse afectadas por esta política, si se suman a los 500,000 haitianos que también perderían el beneficio, según datos presentados por los abogados de los demandantes.
De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), “algunos migrantes han perdido sus empleos y hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron por primera vez”, una señal del impacto tangible que está teniendo esta serie de decisiones judiciales.
Disenso progresista y advertencias sobre vidas en riesgo
Los tres jueces liberales de la Corte -Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- votaron en contra de la medida.
Solo Jackson emitió una disidencia por escrito, donde expresó su profunda preocupación por la forma en que el alto tribunal ha intervenido repetidamente en casos que afectan a comunidades vulnerables sin un análisis exhaustivo.
“Disiento porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”, escribió la jueza Jackson.
“La Corte está permitiendo que la administración perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”, añadió.
Argumentos del gobierno y la presión política
El procurador general D. John Sauer, abogado principal del gobierno ante la Corte Suprema, defendió la intervención urgente como necesaria para hacer respetar la autoridad del Ejecutivo y frenar lo que calificó como una “insostenible desobediencia judicial” por parte de los tribunales inferiores.
“Este caso es familiar para el tribunal e involucra el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de los tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de este Tribunal en el expediente de emergencia”, señaló Sauer en su presentación.
Según Sauer, permitir que las decisiones del juez Chen se mantuvieran habría significado una paralización injustificada de la política migratoria, con base en “teorías legales sin mérito”.
Un futuro incierto para miles de venezolanos
El fallo de la Corte Suprema no elimina el TPS de forma automática y definitiva, pero sí habilita al gobierno de Trump para continuar con el proceso de eliminación sin esperar la resolución final del litigio.
Para miles de familias venezolanas, esto representa una amenaza inmediata de pérdida de estatus migratorio, desempleo, separación familiar y deportación.
En estados como Florida, Texas, California y Nueva York -donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos- ya se reportan despidos de trabajadores con TPS.
La política migratoria se ha convertido en uno de los temas más polarizantes del segundo mandato de Trump. Para algunos sectores republicanos, revocar el TPS es una forma de restablecer el control sobre las fronteras.
Para defensores de derechos humanos y grupos legales, sin embargo, es una medida desproporcionada que pone en peligro a personas refugiadas de un país devastado.
Aunque el proceso judicial continúa, la decisión de la Corte Suprema marca un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y el papel del Poder Judicial en controlar ese poder. El resultado final dependerá de futuras audiencias y del devenir político en Washington.
Preguntas frecuentes sobre la revocación del TPS para migrantes venezolanos en Estados Unidos
¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por qué es importante para los venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Para los venezolanos, esta protección ha sido crucial debido a la crisis humanitaria y política en su país de origen, que ha llevado a miles a buscar seguridad en EE.UU.
¿Por qué la Corte Suprema de EE.UU. permitió la revocación del TPS para los venezolanos?
La Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, autorizó la revocación del TPS para más de 300,000 venezolanos, permitiendo al gobierno de Trump proceder con la eliminación de estas protecciones. Esta decisión se basó en una solicitud de emergencia presentada por el gobierno, argumentando que mantener el TPS interfería con la política migratoria del Ejecutivo.
¿Cuáles son las posibles consecuencias de la revocación del TPS para los migrantes venezolanos?
La revocación del TPS podría llevar a la pérdida de estatus migratorio, desempleo, separación familiar y deportación para miles de venezolanos. Además, muchos podrían perder sus permisos de trabajo y residencia, afectando su estabilidad laboral y personal en EE.UU.
¿Qué han dicho los jueces liberales de la Corte sobre esta decisión?
Los jueces liberales de la Corte, como Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo con la decisión, señalando que la intervención de la Corte en casos que afectan a comunidades vulnerables se ha hecho sin un análisis exhaustivo y pone en riesgo vidas humanas.
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