Funcionarios del régimen activan ofensiva mediática tras imputación a Alejandro Gil

El régimen cubano lanza la campaña #CeroImpunidad tras la imputación a Alejandro Gil por corrupción. La Fiscalía pide prisión y destaca el control del proceso, mientras el país enfrenta secuelas del huracán Melissa.

Alejandro Gil Fernández © X / Alejandro Gil Fernández
Alejandro Gil Fernández Foto © X / Alejandro Gil Fernández

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Dirigentes del Partido Comunista de Cuba y entidades gubernamentales activaron en redes sociales la etiqueta #CeroImpunidad para posicionar un mensaje de “tolerancia cero” a la corrupción, tras la imputación de la Fiscalía General contra Alejandro Gil Fernández, ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación.

Entre los pronunciamientos más visibles, Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, respaldó la actuación de la Fiscalía “fiel a los principios de la Revolución” y remarcó la consigna #CeroImpunidad.

En términos casi idénticos se expresaron Deivy Pérez Martín (Primera Secretaria del PCC de Sancti Spíritus), Marisol Fuentes Ferrer (miembro del Buró Provincial del PCC en Mayabeque), Isael Rodríguez (miembro del Buró Provincial del PCC en Villa Clara) y Ariday Anaya (Departamento Ideológico del PCC en Mayabeque).

Los funcionarios del régimen subrayaron que la dirección del Partido y el Gobierno “nunca ha permitido, ni permitirá jamás, la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.

Por su parte, la entidad de la que era titular Gil replicó el tono de los mensajes y añadió: "El enfrentamiento, transparencia y tolerancia cero a este tipo de manifestaciones que afectan a nuestro pueblo será siempre resuelto y contundente".

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También el Ministerio de Finanzas y Precios se hizo eco de la postura oficial e insistió en el “enfrentamiento” a manifestaciones que afectan al pueblo.

El telón de fondo de estos mensajes es la nota informativa de la Fiscalía, fechada 31 de octubre de 2025, que asegura haber controlado la pesquisa “conforme al Artículo 156 de la Constitución” y haber garantizado el debido proceso durante las diligencias realizadas por los órganos del Ministerio del Interior.

Concluida la investigación, el caso pasó a sede judicial, sin que se adelanten calendarios o detalles del trámite posterior.

La acusación abarca un catálogo amplio de delitos: espionaje; actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; malversación; cohecho; falsificación de documentos públicos; evasión fiscal; tráfico de influencias; lavado de activos; infracción de normas de protección de documentos clasificados; y sustracción y daño de documentos u objetos en custodia oficial.

La Fiscalía enfatizó que actúa “en representación del Estado”, en línea con su mandato constitucional, y pidió penas de prisión “en correspondencia con los hechos cometidos”.

El protagonismo digital de la campaña #CeroImpunidad ocurre mientras el país lidia con las secuelas del huracán Melissa, un contexto que aporta carga política al encuadre oficial del caso y a la insistencia en mostrar disciplina institucional frente a hechos de corrupción.

La coordinación de mensajes desde cuadros provinciales y organismos centrales busca transmitir unidad de criterio y contundencia antes de que el proceso llegue a la etapa de juicio.

El caso Gil se remonta a marzo de 2024, cuando se informó la apertura de un expediente en Fiscalía por “graves errores” tras su destitución un mes antes.

Entonces se comunicó que Gil reconocía “graves imputaciones”, renunciaba al PCC y a su condición de diputado, y se advirtió que, cuanto mayor la confianza depositada en un cuadro, “mayor sería el rigor e intransigencia” ante desviaciones.

Ese viraje siguió a un año de profunda crisis económica, con escasez de alimentos y combustibles, apagones y deterioro de servicios; y a admisiones públicas del propio ex ministro sobre incumplimientos productivos de 2023 y el fracaso de la Tarea Ordenamiento respecto de sus objetivos.

Con la formalización de cargos y el expediente ya en manos del tribunal, el proceso queda a la espera de las actuaciones judiciales que definan responsabilidades y sanciones.

Preguntas frecuentes sobre la imputación de Alejandro Gil en Cuba

¿Cuáles son los delitos por los que está siendo imputado Alejandro Gil?

Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, ha sido imputado por una serie de delitos graves, incluyendo espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, y falsificación de documentos públicos. Estos cargos reflejan un extenso catálogo de delitos económicos y de corrupción.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la imputación de Alejandro Gil?

El gobierno cubano ha lanzado una campaña mediática bajo el lema #CeroImpunidad, subrayando un mensaje de "tolerancia cero" a la corrupción. Funcionarios del Partido Comunista han respaldado públicamente la actuación de la Fiscalía, enfatizando que el Estado no permitirá la proliferación de la corrupción.

¿Qué impacto tiene la imputación de Alejandro Gil en el contexto político y social de Cuba?

La imputación de Alejandro Gil se produce en un contexto de crisis económica en Cuba, marcada por escasez y descontento popular. El caso ha intensificado las críticas hacia la gestión del gobierno y ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del poder, mientras el país se enfrenta a las secuelas del huracán Melissa y la falta de servicios básicos.

¿Qué es la campaña #CeroImpunidad promovida por el régimen cubano?

#CeroImpunidad es una campaña mediática lanzada por el gobierno cubano para mostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción, especialmente en las altas esferas del poder. Esta iniciativa busca transmitir una imagen de disciplina y control institucional en medio del proceso judicial contra Alejandro Gil y otros implicados.

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