Mientras el régimen cubano sigue guardando silencio sobre el destino del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, acusado por corrupción desde hace más de un año, este miércoles volvió a usar la televisión estatal para exhibir su "cruzada anticorrupción", esta vez con nombre, delitos y condena incluidos.
En una nueva emisión del programa Hacemos Cuba, el presentador oficialista Humberto López reveló que la exdirectora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río fue condenada a 15 años de privación de libertad por una trama de corrupción que incluyó desvío de fondos estatales, falsificación de documentos y tráfico de influencias.
El caso, considerado uno de los más graves abordados públicamente hasta ahora, mostró cómo una alta funcionaria del Estado malversó recursos públicos, favoreció a empresas privadas amigas con pagos millonarios por servicios que nunca se prestaron y violó la Ley del Presupuesto de forma intencional.
"Lo que están es jugando con el dinero que no es de ellos", sentenció López al final del programa. "Tienen la confianza del pueblo, designados para administrar algo que no les pertenece", agregó.
Según explicó el vicecontralor general de la República, Reynold Pérez Fonticoba, la funcionaria condenada ordenó transferencias irregulares de más de 2 millones de pesos a una mipyme supuestamente encargada de brindar servicios de lavandería y reparación de muebles al hogar de ancianos provincial. El servicio no se realizó.
La instrucción fue usar la cobertura presupuestaria del hogar de ancianos para mover el dinero y beneficiar a socios privados vinculados personalmente con la funcionaria.
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“Ella salió favorecida de esa transacción”, afirmó el vicecontralor. En una de las operaciones, se apropió de 40,000 pesos en efectivo, mientras un subdirector implicado recibió otros 30,000.
También se reveló que la acusada permitía el acceso remoto no autorizado a su computadora de trabajo, desde donde se realizaban movimientos presupuestarios irregulares.
El vicefiscal general Reinaldo Cruz Rivera explicó que se tipificaron cinco delitos penales, entre ellos:
- Malversación de fondos públicos
- Falsificación de documentos bancarios y de comercio
- Violación de la seguridad informática
- Tráfico de influencias
- Revelación de información clasificada
La fiscalía solicitó 15 años de cárcel para la directora, y la sanción fue aceptada por el tribunal provincial. El subdirector de Precios fue condenado a 10 años de privación de libertad y un trabajador por cuenta propia implicado en la falsificación de facturas recibió una condena de 8 años. Las sentencias están en fase de casación ante el Tribunal Supremo.
Castigo ejemplar… pero solo para algunos
En un discurso encendido, el programa insistió en que “no hay padrinos ni excepciones” en la lucha contra la corrupción. Pero la audiencia cubana, dentro y fuera de la isla, no olvida el caso que no fue mencionado, el del exministro Alejandro Gil.
Como ya se informó, Gil fue separado del cargo en febrero de 2024, y meses después, el régimen reconoció que enfrentaba una investigación por “graves imputaciones”. Desde entonces, no se ha revelado ni su paradero, ni su sanción, ni siquiera si fue juzgado.
La emisión de Hacemos Cuba terminó con una frase contundente: "El pueblo observa, el pueblo juzga, el pueblo manda". Pero para muchos cubanos, la justicia sigue siendo selectiva.
Mientras campesinos, trabajadores y ahora también funcionarios provinciales caen bajo el peso de la ley, el silencio sobre los grandes nombres sigue ensordeciendo cualquier intento del régimen por presentarse como garante de legalidad.
En un país donde los apagones, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos son el pan de cada día, la corrupción no es solo un delito, es una traición al pueblo.
Y esa traición, hasta ahora, sólo se castiga cuando conviene mostrarla.
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