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El hermético mundo del poder cubano ha dejado entrever esta semana una grieta poco habitual: Miguel Díaz-Canel no aceptó la renuncia de Homero Acosta Álvarez, uno de los hombres más influyentes —y a la vez más discretos— del régimen.
El llamativo anuncio, realizado en la sesión del Consejo de Estado junto a otras renuncias aceptadas, pasó casi inadvertido en los medios oficialistas. Cubadebate se limitó a informar que “se aceptaron las renuncias de Ulises Guilarte de Nacimiento y Ricardo Rodríguez González” y pasó de puntillas sobre la petición de renuncia de Acosta Álvarez.
La omisión del nombre de Homero Acosta en la lista de cargos liberados ha despertado lecturas diversas entre observadores y analistas: ¿estamos ante una simple maniobra administrativa, una pugna interna o el desgaste moral de uno de los arquitectos jurídicos del castrismo?
Según informó el propio presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, Acosta Álvarez presentó su renuncia a su escaño como diputado, no a sus cargos dentro del Estado. Siin embargo, su entrega del escaño parece haber sido expresamente rechazada por el momento.
De esta manera, el secretario del Consejo de Estado y de la ANPP se mantiene en ambas funciones, así como en su condición de diputado, tras la decisión del gobernante de no aceptar su dimisión legislativa.
Un funcionario de perfil bajo y poder alto
Homero Acosta, de 61 años, es uno de los cuadros más veteranos y de mayor confianza del aparato castrista, pero también uno de los menos visibles.
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Abogado de formación, profesor universitario y exoficial de las Fuerzas Armadas, ha ocupado desde hace más de dos décadas puestos estratégicos en la intersección entre el Partido Comunista, el Ejército y el Parlamento.
Durante años fue asesor jurídico del Ministerio de las FAR y posteriormente de la Oficina del Segundo Secretario del Partido Comunista, cuando esa posición la ocupaba nada menos que Raúl Castro.
Desde entonces, Acosta ÁLvarez se consolidó como una suerte de notario del poder, el encargado de traducir en lenguaje jurídico las decisiones políticas más importantes de la cúpula.
Su ascenso culminó con su designación, en 2009, como Secretario del Consejo de Estado, y más tarde, en 2019, como Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, roles que lo convirtieron en el principal coordinador del aparato parlamentario cubano.
En los hechos, ninguna ley ni reforma constitucional ha pasado por alto su revisión o aprobación técnica.
Por eso, su renuncia —y sobre todo el hecho de que no haya sido aceptada por Díaz-Canel— ha encendido las alarmas.
El hombre detrás de la Constitución de 2019
Si hay un nombre asociado al entramado jurídico que sostiene al régimen, ese es el de Homero Acosta.
Fue uno de los redactores principales de la Constitución de 2019, una carta magna que, bajo apariencia de modernización institucional, consolidó el poder absoluto del Partido Comunista, mantuvo el carácter socialista irrevocable del Estado y blindó jurídicamente la represión política.
Durante el proceso constitucional, Acosta Álvarez se presentó como el rostro técnico y racional del proyecto. En entrevistas con la televisión estatal y en foros internacionales, defendió con serenidad la “superioridad del socialismo cubano” y la “necesidad de un orden constitucional fuerte”.
Sin embargo, en los últimos años, su papel ha estado cada vez más asociado a la administración de la crisis estructural del sistema: la dolarización de facto, la simulación de debates en la ANPP sobre leyes y programas de gobierno, la pérdida de legitimidad del poder legislativo y la creciente desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y los que viven con pesos cubanos.
La renuncia no aceptada
El hecho de que Díaz-Canel aceptara las dimisiones de Guilarte de Nacimiento y Rodríguez González, pero no la de Acosta Álvarez, ha sido interpretado por algunos como un intento de preservar la estabilidad técnica del régimen.
La importancia de Acosta dentro del sistema es innegable. Su figura actúa como pegamento jurídico y administrativo del Estado cubano, y su conocimiento minucioso de los engranajes legislativos lo convierte en una verdadera eminencia gris dentro del régimen.
En la práctica, sin su control técnico y su red de coordinación parlamentaria, el andamiaje institucional del castrismo perdería cohesión, lo que explica por qué su salida resulta inaceptable para el poder.
Desgaste y dilemas
Desde hace meses, circulan rumores sobre tensiones entre sectores del Partido Comunista, divididos entre una línea “pragmática” que impulsa la dolarización parcial de la economía —imprescindible para sostener la recaudación del régimen— y una vieja guardia ortodoxa, contraria a las desigualdades que esta política ha acentuado.
Homero Acosta, formado en el idealismo de los ochenta y vinculado a la vieja estructura jurídica del socialismo clásico, podría estar enfrentando ese dilema moral: ver cómo el sistema que juró defender se transforma en una economía dual donde los militares y los dirigentes viven en dólares, mientras el pueblo sobrevive en pesos.
El proyecto político y jurídico que Acosta Álvarez contribuyó a codificar muestra signos de agotamiento. Su figura no es la de un ideólogo carismático, sino un técnico del poder, un operador institucional que ha sostenido durante años el andamiaje legal del sistema.
Pero incluso un funcionario de ese perfil puede llegar a un punto de quiebre, especialmente cuando el discurso socialista que defendió se ha transformado en una fachada que encubre corrupción, desigualdad y privilegios.
Otros observadores sostienen que Díaz-Canel no puede permitirse la renuncia de Acosta Álvarez en este momento.
El régimen atraviesa una transición de cuadros clave, con la salida o reubicación de figuras históricas del aparato político. Perder a Homero Acosta —con su conocimiento del marco constitucional y sus conexiones en el Partido y las FAR— sería un golpe serio a la estabilidad burocrática.
Por eso, el disimulado gesto de “no aceptación” podría interpretarse como una maniobra de contención, una forma de ganar tiempo mientras se negocia su permanencia o una salida “ordenada” que no deje vacíos de poder.
Un hombre del sistema en crisis
Homero Acosta siempre ha encarnado el perfil del burócrata disciplinado y leal, sin discursos altisonantes ni apariciones frecuentes en la prensa.
Pero su influencia es innegable: fue él quien articuló la transición jurídica entre Raúl Castro y Díaz-Canel, quien supervisó el diseño del nuevo Consejo de Estado y quien mantiene el control técnico sobre las decisiones parlamentarias.
Si su renuncia responde a un agotamiento personal, sería la señal de que incluso los pilares más sólidos del castrismo empiezan a mostrar fisuras internas.
Si, en cambio, es una jugada política controlada, podría marcar el inicio de una reconfiguración del poder donde Díaz-Canel —o, más bien, Raúl Castro y su entorno militar— buscan reemplazar a los viejos operadores por cuadros más dóciles.
La grieta bajo la superficie
Sea cual sea la causa, la “no renuncia” de Homero Acosta evidencia la vulnerabilidad del régimen en su propio entramado institucional.
Lo que hasta hace pocos años parecía un aparato monolítico muestra ahora síntomas de desgaste, tensiones internas y contradicciones morales.
El jurista que redactó la Constitución que legitimó al poder podría estar viviendo el mismo dilema que hoy enfrenta la élite comunista: seguir sosteniendo una estructura que se derrumba o intentar, aunque sea en silencio, apartarse de ella.
En Cuba, donde los silencios pesan más que las palabras, que un hombre como Homero Acosta quiera irse —y que el poder no lo deje— dice mucho más de lo que los comunicados oficiales jamás dirán.
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