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El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ofreció esta semana, a través de un extenso reportaje en Cubadebate, su versión oficial sobre la profunda crisis de medicamentos que atraviesa Cuba.
Bajo el título “Control y fiscalización: La respuesta del MINSAP al mercado ilegal de medicamentos”, las autoridades sanitarias culparon al embargo estadounidense y a las dificultades financieras internacionales de la actual escasez, pero evitaron asumir los graves errores de gestión que han llevado al sistema farmacéutico nacional al borde del colapso.
El texto, firmado por el periodista oficialista Frank Martínez Rivero, recogió declaraciones de la directora de Medicamentos y Tecnologías Médicas, Cristina Lara Bastanzuri, y de la jefa del Departamento de Farmacias y Ópticas, Maylin Beltrán Delgado.
Un diagnóstico a medias para una crisis total
Ambas funcionarias reconocieron que el país vive un “desabastecimiento prácticamente total” en la red de farmacias comunitarias y que ni siquiera se garantiza la entrega regular de fármacos controlados para pacientes crónicos.
Sin embargo, el diagnóstico que presentaron resultó parcial: atribuyeron la situación casi por completo al bloqueo económico y financiero de Estados Unidos, sin reconocer las causas internas que han deteriorado el sistema durante años.
Según el MINSAP, la industria farmacéutica nacional ha perdido capacidad de producción debido a la falta de financiamiento, la retirada de proveedores y las dificultades bancarias para realizar pagos internacionales.
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Si bien estos factores existen y complican las operaciones, las autoridades omitieron que Cuba mantiene deudas impagas con países como India, China y España, y que la obsolescencia tecnológica y la corrupción en BioCubaFarma son problemas endémicos que no dependen de Washington.
Tampoco mencionaron la falta de mantenimiento industrial, la ineficiencia logística ni la centralización absoluta que impide al sector privado importar o fabricar medicamentos legalmente.
En lugar de anunciar un plan productivo o de cooperación internacional creíble, el MINSAP centró su “respuesta institucional” en la vigilancia y el control policial. En ese sentido, las funcionarias presumieron de haber realizado más de 5,000 inspecciones en farmacias y de mantener una estrecha coordinación con el ministerio del Interior (MININT) para combatir la venta ilegal de medicamentos.
De los 33 “hechos extraordinarios” detectados, 18 fueron robos a farmacias y otros involucraron a trabajadores del propio sistema de salud. No obstante, el ministerio abordó estos problemas como delitos aislados, sin reconocer que el mercado negro es consecuencia directa de la escasez y la falta de transparencia oficial.
El discurso oficial también buscó disuadir a la población de recurrir a medicamentos importados por viajeros o comprados en redes informales, alertando sobre riesgos sanitarios y legales.
El MINSAP advirtió que quienes revendan fármacos controlados podrían ser procesados por tráfico de drogas, una medida que parece más orientada a criminalizar la supervivencia cotidiana que a ofrecer soluciones reales a quienes no encuentran sus medicinas en la red estatal.
Otra línea del artículo de Cubadebate intentó presentar medidas paliativas como logros: el sistema de venta por consultorios, los turnos rotativos para evitar colas, la promoción de la medicina natural y la extensión del comercio electrónico en farmacias seleccionadas.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas resuelve el problema estructural: la falta de medicamentos esenciales y la incapacidad del Estado para garantizar un suministro mínimo estable.
En los últimos años, la escasez se ha agravado hasta niveles sin precedentes. Fuentes del propio sector estiman que más del 70 % del cuadro básico de medicamentos está en falta, y que los ciclos de reposición, que antes eran de 12 a 15 días, se han extendido hasta 60 o más.
La situación ha empujado a miles de cubanos al mercado informal, donde los precios se multiplican por diez, y ha dejado a pacientes crónicos sin acceso regular a tratamientos vitales.
La versión oficial publicada por Cubadebate confirma lo que la población vive cada día: una crisis sanitaria prolongada que el gobierno intenta justificar con el embargo, mientras evita toda autocrítica sobre su modelo de gestión estatal.
El MINSAP reconoce los síntomas, pero no las causas. Y en lugar de reestructurar el sistema, diversificar proveedores o permitir la participación del sector privado, prefiere reforzar los controles policiales y administrativos que solo maquillan el colapso.
El resultado es un sistema de salud que ya no puede garantizar ni las medicinas más básicas. Mientras tanto, el régimen insiste en hablar de “soberanía farmacéutica”, cuando la realidad es que la dependencia, la deuda y la ineficiencia han dejado a los cubanos sin pastillas, sin alternativas y sin esperanza.
El ministro ausente: José Ángel Portal Miranda y la responsabilidad que no asume
La prolongada crisis sanitaria y farmacéutica que atraviesa Cuba tiene nombres y responsables.
Al frente del MINSAP desde 2018, José Ángel Portal Miranda ha permanecido en un segundo plano durante los peores meses de colapso del sistema, evitando dar explicaciones públicas y enviando a sus subordinadas a enfrentar el malestar social.
Su ausencia mediática se ha convertido en símbolo de una gestión opaca y fallida, incapaz de ofrecer transparencia ni soluciones reales a una población cada vez más desesperada por conseguir medicinas o atención médica básica.
Desde que comenzó el actual ciclo de escasez, Portal Miranda ha preferido limitarse a discursos burocráticos o a mensajes de propaganda sobre “esfuerzos institucionales”, mientras directoras y jefas de departamento comparecen en los medios oficialistas para justificar la falta de medicamentos, la pérdida de proveedores o el auge del mercado negro.
Esas funcionarias repiten los argumentos del embargo y las dificultades financieras, pero el ministro, responsable político y ejecutivo del sistema, permanece escondido, sin ofrecer cifras claras ni reconocer errores internos.
Su silencio resulta aún más escandaloso si se recuerda su papel durante otras crisis recientes. En octubre, Portal Miranda minimizó el brote epidémico en Matanzas y negó muertes relacionadas, pese a reportes locales y denuncias ciudadanas que demostraban lo contrario.
Un mes después, el régimen admitió parcialmente su responsabilidad en la crisis epidemiológica nacional, pero el ministro volvió a ausentarse de los espacios informativos y de rendición de cuentas.
Las publicaciones oficiales del MINSAP repiten consignas de resistencia y soberanía, pero evitan cualquier autocrítica. Mientras tanto, el deterioro hospitalario, la falta de medicamentos y la desconfianza ciudadana crecen a diario.
En este contexto, Portal Miranda ha perdido legitimidad incluso entre trabajadores del sector, que lo acusan de dirigir un ministerio sin rumbo y de ocultar la gravedad de los datos reales.
La crisis del sistema de salud cubano ya no puede explicarse solo por el embargo ni por la falta de financiamiento externo. Es también —y sobre todo— el resultado directo de una gestión gubernamental ineficiente, autoritaria y silenciosa, encabezada en la Salud Pública por un funcionario que se niega a rendir cuentas al país que sufre las consecuencias de su incompetencia.
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