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No basta con decir que el sistema de salud cubano está en crisis: hay responsables. Y uno de los más visibles —y que basa su legitimidad precisamente en el discurso médico— es José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública desde el 21 de julio de 2018.
Bajo su gestión, el deterioro no ha sido un accidente: ha sido gobernado, permitido, legitimado. Esta nota busca hacer un balance riguroso de los hechos, atribuir responsabilidades y exponer cómo su gestión ha contribuido directa e indirectamente al colapso sanitario, a la vulnerabilidad de la población y a la explotación médica internacional.
Del reconocimiento al colapso estructural
En julio de 2025, ante la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, Portal Miranda admitió que Cuba atraviesa una “crisis estructural sin precedentes”, que la cobertura del cuadro básico de medicamentos ronda el 30 %, y que la recuperación depende del financiamiento externo.
En esa misma comparecencia, señaló que la mortalidad infantil alcanzó 8,2 por cada mil nacidos vivos y la mortalidad materna llegó a 56,3 por cada 100,000 nacimientos —unos retrocesos notables en indicadores que durante décadas fueron bandera revolucionaria.
El ministro anunció 13 acciones estratégicas con 33 metas e indicadores, pero fue claro: “no todos mostrarán resultados inmediatos”. Es decir: reconoció la gravedad del problema, pero admitió no tener solución inmediata. Eso en sí mismo ya revela ineficacia, pasividad o complicidad.
Farmacias vacías, promesas de exportaciones
Portal Miranda ha reconocido varias veces que la escasez farmacéutica no se resolverá pronto. En 2024 afirmó a los diputados que continuaría la falta de medicamentos en la red estatal de farmacias.
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La repentina crudeza de Portal Miranda contrastó con las reiteradas promesas suyas y de su equipo acerca de inversiones y compromisos para producir más medicamentos.
En paralelo, en foros internacionales y con discursos llamativos, ofrece vacunas, productos biotecnológicos y cooperación técnica, como si Cuba tuviera recursos sobrantes para donar, cuando gran parte de su territorio sufre desabastecimiento.
Esta dicotomía entre donación hacia afuera y crisis interna es una contradicción injustificable, y una evidencia más de la desconexión de las élites del régimen con la población que -más allá de indicar la normalización de la desigualdad en Cuba-, subraya la inmoralidad e indolencia de unos dirigentes más preocupados por generar ingresos con las exportaciones que atender las necesidades de los ciudadanos.
Mosquitos, virus emergentes e insalubridad urbana
La presión sanitaria no se limita a enfermedades crónicas o acceso a medicamentos: Cuba ha visto un repunte de arbovirosis y virus emergentes. El MINSAP reportó más de 400 casos confirmados del virus Oropouche desde su detección en mayo hasta agosto.
Esa cifra oficial sostiene que el virus ha llegado a todas las provincias y demuestra cuán precario es el control epidemiológico.
El dengue también está activo en varias zonas, epidemias respiratorias se multiplican y brotes digestivos surgen por la insalubridad urbana, el deterioro del alcantarillado, agua contaminada y acumulación de basura que no se recoge.
A esto se suma la reaparición de casos de chikungunya, otra arbovirosis transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que pone en alerta a provincias vulnerables.
Muchos cubanos viven rodeados de condiciones que, en cualquier otro país, se responderían con protocolos y movilización inmediata. Cuando el sistema sanitario nacional opera como un sistema de vulnerabilidad (más reactivo que preventivo), no solo se expone a epidemias: se naturaliza la muerte evitable.
Exportación médica: Explotación solapada con nombre oficial
Una de las piedras angulares de la legitimidad internacional del régimen cubano es la exportación de servicios médicos.
Pero bajo el mando de Portal Miranda esa actividad ha exhibido rasgos de esclavitud moderna, como lo han denunciado relatores de la ONU que identifican “indicios de trabajo forzoso” en esos programas.
En 2025 el propio ministro admitió que los pasaportes de los médicos en misiones internacionales fueron retenidos por las jefaturas de brigadas “para que no se perdieran”.
Esa confesión oficial corrobora lo que doctores exiliados y activistas han denunciado: los colaboradores reciben una fracción de lo que pagan los países contratantes, con movilidad controlada, dependencia obligada y condiciones laborales restrictivas.
Diversas investigaciones de medios independientes y organizaciones no gubernamentales sostienen que el régimen retiene hasta el 70 % del salario de médicos en misiones, lo que algunos califican como un modelo de trabajo explotador.
Esta exportación masiva no solo vulnera los derechos laborales de los profesionales, sino que deja desatendidas las instituciones del MINSAP dentro del país, ya que muchos hospitales y policlínicos enfrentan déficits crónicos de personal médico debido al envío obligatorio o voluntario de galenos al extranjero.
La población, por tanto, paga el costo de la estrategia exportadora con más precariedad del servicio público de salud, más colas, más negligencias y menos acceso a tratamientos especializados y medicamentos.
Muertes evitables, sufrimiento cotidiano y colapso institucional
En el día a día de miles de cubanos, la enfermedad se ha convertido en una sentencia sin apelación. En una sala de espera sin ventilación, una madre sostiene a su hijo con fiebre alta, esperando un antibiótico o antipirético que no llegará.
En la capital, una gestante pierde la vida por una supuesta negligencia médica (casi nunca se investigan y casi siempre quedan en "presuntas"). En un barrio cualquiera, un anciano con hipertensión deja de tomar su tratamiento porque las pastillas desaparecieron de las farmacias hace meses.
Son muertes evitables. Dolor que no debería ser.
Enfermos mentales deambulan por las calles de Cuba sin tratamientos, o son cuidados en casa en condiciones infrahumanas. Los centros psiquiátricos son auténticos infiernos de los que salen decenas de denuncias acerca de las deplorables condiciones que ofrecen, así como de maltratos y abusos sobre pacientes.
Los hospitales, una vez presentados como vitrinas del modelo cubano, hoy son edificios ruinosos. Hay salas infestadas de cucarachas, baños inservibles, equipos fuera de servicio, falta de agua, falta de insumos, falta de médicos. El servicio de ambulancias está reducido al mínimo y en muchas localidades los traslados urgentes dependen de favores o pagos extraoficiales.
Médicos y enfermeros, agobiados por el estrés y sin condiciones mínimas, hacen lo que pueden. Pero el éxodo profesional es masivo: cada mes abandonan el sistema decenas de especialistas que emigran o que son enviados al extranjero en “misiones” que vacían las plantillas nacionales. El resultado es una atención fragmentada, caótica, muchas veces negligente.
En centros donde se debería salvar vidas, el paciente ya no es prioridad, sino una carga más en un sistema colapsado. Las denuncias se acumulan. Algunos profesionales lo dicen con crudeza: “esto ya no es un hospital, es una pocilga”.
Los que pueden, pagan. Pagan por una consulta privada, por una inyección, por un tratamiento, un catéter, un set de operación de cataratas, una jeringuilla, hilo de sutura o vendajes estériles. Pagan a un mensajero, a un enfermero o a un doctor que ya no cobra del Estado porque el salario estatal no alcanza. Los que no pueden, esperan. Y a veces mueren.
El drama de los pacientes renales es emblemático. En 2024, el diario El País documentó el caso de una niña que necesitaba hemodiálisis: su madre, desesperada, solo recibió una recomendación brutal: “Si quiere que su hija viva, tiene que sacarla del país”. La sociedad civil cubana se conoce ese mantra y ha sido testigo de varios casos dramáticos que lo confirman.
Esa frase resume el estado actual de la sanidad en Cuba: un sistema que ya no puede cuidar, que ya no puede curar, que ya no puede proteger. Y quienes sufren sus consecuencias no aparecen en los discursos del ministro, ni en los informes oficiales, ni en las estadísticas maquilladas.
Son los rostros del colapso: una población vulnerada, atrapada entre la escasez, la pésima gestión, la corrupción y la resignación.
La responsabilidad de Díaz-Canel
El mantenimiento de Portal Miranda al frente del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no es una casualidad, sino una decisión política.
El responsable último de esta catástrofe sanitaria es el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien lo nombró y lo mantiene en el cargo, pese a los resultados devastadores.
La permanencia del ministro representa no solo una muestra de impunidad, sino un mensaje de continuidad: la salud pública cubana seguirá gestionada como un recurso político, no como un derecho ciudadano.
Un cambio urgente que comienza con rendición de cuentas
Para los cubanos, la pregunta no es ya si el sistema de salud está en crisis: es quién asume responsabilidades y cómo cambiarlo. José Ángel Portal Miranda ha sido durante los años de gobierno de Díaz-Canel el protagonista, y un cómplice necesario del deterioro.
Más que discursos, Cuba necesita una reforma radical del sistema sanitario: políticas de transparencia, auditoría independiente, reinversión de ingresos médicos exportados, recuperación de la industria farmacéutica, derechos laborales para los profesionales de salud, atención preventiva priorizada y rendición de cuentas sobre quienes hoy viven del dolor ajeno.
Solo así podrá empezar a revertirse el desastre. El país no puede seguir más tiempo con un ministro al frente que, consciente de la catástrofe, la administra y la legitima. Ni tampoco con un gobernante, una “continuidad”, un sistema fallido y un régimen que antepone su interés de perpetuarse en el poder al bienestar de los ciudadanos.
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