Gobierno cubano defiende la gastronomía estatal, mientras la abastece el sector privado

El Gobierno cubano reafirmó que no renunciará a la Gastronomía estatal, aunque reconoció que su funcionamiento actual depende de acuerdos con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros actores privados para garantizar insumos, servicios básicos y una oferta mínima a la población.

Durante un reciente intercambio de trabajo en Sancti Spíritus, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, defendió la permanencia de la Gastronomía estatal como política oficial, aun cuando admitió que el sector carece de abastecimiento propio y se ve obligado a comprar prácticamente todo en el mercado no estatal.

“Lo primero es mantener la gastronomía estatal, con autonomía, con facultades, con autogestión y, sobre todo, con un buen servicio, pero tenemos igualmente la opción de determinadas unidades, en lugares específicos que se puedan gestionar por actores económicos no estatales, porque esos actores se aprobaron para que fueran un complemento de la economía”, enfatizó Díaz de acuerdo con un reporte del periódico provincial Escambray.

La titular de Comercio explicó que una de las vías para sostener las unidades gastronómicas es incorporar actividades que antes no se consideraban esenciales, como la producción agrícola.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de incentivar la siembra de arroz en municipios como La Sierpe y Yaguajay, con el objetivo de garantizar materias primas destinadas a elaboraciones básicas, incluidas las del Sistema de Atención a la Familia.

Reconoció que el incremento de surtidos en los centros de elaboración solo es viable mediante una relación directa con los nuevos actores económicos, a los que el Estado pretende vincular para la compra de insumos como picadillo de MDM (carne deshuesada mecánicamente), harina de trigo y azúcar.

Esa relación, afirmó, permitiría reactivar unidades del Comercio y la Gastronomía y avanzar hacia esquemas de gestión más flexibles.

Díaz llegó a plantear que algunos centros estatales podrían convertirse en mipymes estatales y, posteriormente, asociarse incluso con entidades privadas, como parte de lo que calificó como “reservas” aún no explotadas del sector.

Todo ello, dijo, con la aspiración de mejorar la eficiencia y sostener servicios que hoy resultan deficitarios.

La crisis energética también fue abordada como un obstáculo central. La titular del Comercio llamó a gestionar proyectos de transición energética, solicitar créditos y “negociar con algún actor que nos ponga en la unidad paneles solares”, bajo la premisa de que sin buscar fuentes alternativas de energía no será posible mantener las prestaciones.

Pese a reiterar la necesidad de un cambio de mentalidad, la ministra fue explícita en que la política aprobada prioriza la gastronomía estatal.

Señaló que esta debe operar con mayor autonomía, facultades y autogestión, aunque reconoció que la percepción popular de precios más bajos en los establecimientos estatales ya no se corresponde con la realidad, dado que el sector estatal “hoy lo compra todo en el no estatal”.

Para corregir esa contradicción, propuso que los actores privados que arrienden locales o vendan al por mayor oferten productos a precios minoristas, de modo que el Estado pueda competir “en igualdad de condiciones”.

No obstante, admitió que mantener hoy la gastronomía estatal “se ha convertido en una heroicidad”, debido a la ausencia de suministros garantizados por el balance central.

En sus declaraciones, Díaz insistió en explotar iniciativas locales para generar ingresos y sostener servicios básicos, desde la venta de alimentos ligeros hasta actividades recreativas comunitarias.

Aun así, dejó claro que cualquier fórmula alternativa solo se aplicará si beneficia al Estado, reiterando que, pese al deterioro estructural del sector, el gobierno no renuncia a mantener la gastronomía estatal como eje del sistema.

La defensa oficial de una gastronomía estatal convive desde hace años con un proceso inverso en la práctica.

En distintos territorios del país, el gobierno ha recurrido a licitaciones para transferir la gestión de bares y unidades gastronómicas a trabajadores por cuenta propia, cooperativas y proyectos locales, como ocurrió a mediados de 2025 en el municipio Rafael Freyre, en Holguín.

Allí, la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía convocó al arrendamiento de cuatro bares estatales, exigiendo a los interesados proyectos de negocio que incluyeran desde presupuestos y reparaciones hasta planes de animación cultural y uso de energías renovables, una señal clara de la incapacidad estatal para sostener por sí sola esos servicios.

Este mecanismo no es aislado. Desde 2023 se han multiplicado las licitaciones de espacios estatales, incluidos locales en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, instalaciones de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y, más recientemente, áreas del Malecón habanero.

Aunque presentadas como oportunidades de desarrollo, estas iniciativas han generado fuertes críticas por la falta de garantías jurídicas y el traslado del costo del deterioro a los emprendedores.

En ese contexto, la insistencia gubernamental en no renunciar a la gastronomía estatal contrasta con una realidad donde el sector sobrevive, cada vez más, apoyándose en capital, gestión y riesgo privados para evitar su colapso.